[REQ_ERR: 401] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Garantía de Justicia

Garantía de Justicia

En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica , se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.

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En este sentido, el presente proyecto de ley busca fortalecer los mecanismos institucionales existentes para asegurar la efectiva aplicación de todas las disposiciones constitucionales e internacionales en materia de investigación y sanción de los delitos contra los derechos humanos, reconociendo y respetando las competencias atribuidas a cada uno de los órganos del Poder Público en esta materia.

Para tal fin se plantea la creación de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, como un órgano independiente, adscrito al Consejo Moral Repúblicano, encargado de hacer seguimiento a la labor desarrollada por los órganos del sistema de justicia en esta materia y realizar estudios y recomendaciones orientadas a contribuir a la garantía efectiva del derecho a la justicia y reparación de las víctimas de los delitos contra los derechos humanos.

El proyecto de ley está compuesto por 18 artículos, distribuidos en dos capítulos, una disposición transitoria y una disposición final. En el capítulo I se establecen las disposiciones generales, destacando el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los delitos contra los derechos humanos junto a los principios de principios de universalidad, igualdad, indivisibilidad, interdependencia, progresividad, irrenunciabilidad, interculturalidad y corresponsabilidad de los derechos humanos.

En el segundo capítulo, se regula la composición y funcionamiento de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos.

En tal sentido, se plantea una Comisión integrada por siete comisionadas y comisionados, designadas y designados por la Asamblea Nacional, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

Cinco de los integrantes de la Comisión son escogidos a partir de su labor en organizaciones de derechos humanos, su trayectoria en la materia de derechos y su acreditada capacidad profesional, ética e integridad. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos circunscribe su mandato a las violaciones graves de los derechos humanos, a saber, todos aquellos delitos contra los derechos humanos que impliquen afectaciones a la vida, integridad personal, libertad personal y libertad de conciencia, pensamiento y opinión, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales aplicables.

La Comisión que se crea en esta ley no sustituye a los órganos del sistema justicia en el ejercicio de sus atribuciones y competencias constitucionales. La función de la Comisión es de seguimiento, estudio, evaluación, verificación y recomendación para reforzar la garantía de justicia y reparación, en virtud de lo cual la implementación de sus recomendaciones no exime del necesario cumplimiento del debido proceso y del ejercicio pleno al derecho de la defensa que asiste a cualquier persona conforme a la Constitución y las leyes.

Para garantizar el logro de los objetivos planteados, el proyecto ley prevé que la Comisión cuente con una Secretaría Ejecutiva que actuará como su instancia operativa y dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de sus funciones. Su organización y funcionamiento será regulada por el Reglamento Interno que se dicte a tal efecto.

La Secretaría Ejecutiva, entre otras cosas, podrá acceder a cualquier archivo, registro o expediente llevado ante órganos policiales o de seguridad, del Ministerio Público, del Poder judicial o del sistema de justicia, contentivo de información relacionada con el mandato de la Comisión.

Asimismo, se prevé que la Comisión pueda contar con el apoyo de asesores, asesoras, expertos y expertas internacionales de reconocido prestigio y con credenciales académicas pertinentes, así como destacadas figuras internacionales con experiencia o vinculación en estos temas, a fin de brindar asesoría especializada en función de los objetivos y finalidades establecidas.

Finalmente, en el proyecto de ley se incorporan dos mecanismos importantes para asegurar que la Comisión pueda cumplir adecuadamente con su mandato. Por una parte, se establece el deber de colaboración de todas las autoridades pública con la Comisión y, por la otra, se garantiza el acceso a toda la información y documentación contenida en informes, expedientes y documentos de cualquier índole, que sea requerida en el marco de sus funciones, sin que sea posible oponer reserva alguna.

LEY DE LA COMISIÓN PARA LA GARANTÍA DE JUSTICIA Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS. Artículo 1. Artículo 2. Esta ley tiene por finalidad:. Artículo 3. Esta Ley se fundamenta en los principios de universalidad, igualdad, indivisibilidad, interdependencia, progresividad, irrenunciabilidad, interculturalidad y corresponsabilidad de los derechos humanos.

A tal efecto, la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos cumplirá su función, guiándose por los principios de transparencia, gratuidad, brevedad, imparcialidad, independencia y rendición de cuentas.

Artículo 4. Las disposiciones de esta Ley son de estricto orden público e interés general. En caso de dudas en la interpretación de las disposiciones de esta Ley prevalecerá la que más favorezca al respeto, garantía y protección de los derechos humanos.

Artículo 5. Las acciones judiciales para establecer la responsabilidad penal de los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles.

Los delitos contra los derechos humanos serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios y queda excluida toda forma de obstaculización u obstrucción que facilite la impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. COMISIÓN DE GARANTÍA DE JUSTICIA Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS.

Comisión de Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos. Artículo 6. Se crea la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, como un ente con personalidad jurídica propia, autonomía funcional administrativa y presupuestaria, adscrito al Consejo Moral Republicano, órgano constitucional del Poder Ciudadano.

La Comisión iniciará su ejercicio a partir de su instalación y tendrá un plazo de vigencia de dos años, prorrogables por la Asamblea Nacional. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos podrá denominarse alternativamente como Comisión de Justicia y Reparación.

Artículo 7. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos tiene como funciones:. Artículo 8. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos circunscribirá su mandato a los presuntos delitos contra los derechos humanos que impliquen afectaciones a la vida, integridad personal física, psíquica y moral, libertad personal y libertad de conciencia, pensamiento y opinión, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Artículo 9. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos tiene una función de seguimiento, estudio, evaluación, verificación y recomendación para reforzar la garantía de justicia y reparación, sin que sustituya las atribuciones y competencias propias del sistema de justicia.

La adopción de las recomendaciones de la Comisión por parte de los órganos del sistema de justicia, no exime del necesario cumplimiento del debido proceso y del ejercicio pleno al derecho de la defensa que asiste a cualquier persona conforme a la Constitución y las leyes.

Artículo La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos estará integrada por siete comisionadas y comisionados, designada y designados por la Asamblea Nacional, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, conforme a los siguientes criterios:.

La Presidenta o Presidente de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos será elegida o elegido por la Asamblea Nacional, entre las personas designadas en el numeral 1 de este artículo.

Las y los integrantes de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos desempeñarán sus funciones de Estado con carácter ad honorem, sin perjuicio de las dietas que correspondan por su participación en las actividades de la Comisión.

Los integrantes de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos gozarán de inmunidad y demás prerrogativas en el ejercicio de sus funciones desde su juramentación y hasta seis meses siguiente s a la conclusión de su mandato.

Igualmente, no están obligados a declarar, tanto en los procesos judiciales como en los procedimientos administrativos, respecto de las actuaciones realizadas en el cumplimiento del mandato atribuido a la Comisión. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos contará con una Secretaría Ejecutiva que actuará como su instancia operativa y contará con el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones.

La Secretaría Ejecutiva estará a cargo de una Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo que será designado fuera de su seno por la Asamblea Nacional. La Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo y todo el personal de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos gozarán de las mismas prerrogativas que los integrantes de la Comisión.

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos tiene las siguientes atribuciones:. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos contará con el apoyo de asesores, asesoras, expertos y expertas internacionales designados por la Presidenta o Presidente de la Comisión, a fin de brindar asesoría especializada en función de los objetivos y finalidades establecidas.

Solo podrán ser asesores, aquellos expertos de reconocido prestigio con credenciales académicas pertinentes, así como destacadas figuras internacionales con experiencia o vinculación en estos temas.

La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos podrá contar con la cooperación técnica de organizaciones internacionales públicas, de carácter multilateral. El patrimonio de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos estará constituido por:.

La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos deberá implementar mecanismos dirigidos a facilitar la participación de todos los sectores de la sociedad en el cumplimiento de su mandato. Todas las personas naturales y jurídicas, incluyendo todos los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal están obligados a prestar la colaboración que les sea requerida por la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos o su Secretaría Ejecutiva para el cumplimiento de su mandato.

La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos o su Secretaría Ejecutiva podrán acceder a toda la información y documentación contenida en informes, expedientes y documentos de cualquier índole, que sea requerida en el marco de sus funciones, sin que sea posible oponer reserva alguna.

Los servidores públicos y servidoras públicas están obligados y obligadas a dar acceso y a suministrar, en forma preferente y urgente, las copias de todo documento que sean solicitadas por la Comisión o su Secretaría Ejecutiva. Cuando por disposición legal la información solicitada deba mantenerse en reserva, la Comisión y su Secretaría Ejecutiva quedarán obligada a mantener la reserva, no pudiendo difundir o hacer pública la información, sirviéndole únicamente como elemento para cumplir con su mandato.

La negativa de la servidora pública o servidor público a permitir el acceso y suministrar la información requerida por la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos será considerada como causal de destitución.

Con el objeto de garantizar la confidencialidad de las fuentes, así como la seguridad de las víctimas, posibles responsables y testigos, las actuaciones y documentos de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos tendrán carácter reservado frente a terceros.

Única: Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, el Ejecutivo Nacional dispondrá los recursos necesarios para la instalación y funcionamiento de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos.

Única: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Inicio Asamblea Historia Bases Legales.

Todas Nacional Internacional Legislativa. Todos Principales Suplentes. Todas Comisiones Permanentes Comisiones Especiales Comisiones Mixtas. Todas Proyectos Sancionadas Vigentes. Todos Acuerdos aprobados e Comisiones Especiale Inicio Asamblea Historia Bases Legales Noticias Todas Nacional Internacional Legislativa Diputados Todos Principales Suplentes Comisiones Todas Comisiones Permanentes Comisiones Especiales Comisiones Mixtas Leyes Todas Proyectos Sancionadas Vigentes Actos Legislativos Todos Acuerdos aprobados e

La Convención Americana instituye el derecho a una garantía judicial específica, destinada a proteger de manera efectiva a las personas frente a la La Convención Americana consagra en su artículo 8 el derecho a las garantías judiciales. En este sentido establece el derecho de toda persona a ser oída Conjunto de normas en la Constitución que aseguran el disfrute y libre ejercicio de los derechos humanos. En general son todos aquellos medios que permiten

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

La Convención Americana instituye el derecho a una garantía judicial específica, destinada a proteger de manera efectiva a las personas frente a la entre sus objetivos, se propone incentivar la interpretación de las leyes conforme a los principios de igualdad y no discriminación y transversalizar la pers La garantía o sub garantía que nos ocupa, indica que los procesos y procedimientos judiciales deben desahogarse, respetando los plazos, condiciones y requisitos: Garantía de Justicia





















Sirve de parámetro Beneficios del Jackpot Aleatorio torno Graantía Garantía de Justicia expuesto, la tesis aislada, cuyo rubro Garajtía Garantía de Justicia a continuación se expresan: SENTENCIA. Es Garantía de Justicia derecho de configuración legal, pues participa de la naturaleza de derecho de prestación Garantía de Justicia caracteriza a aquel en que viene integrado y, en tal sentido, dee concretas Garantíq de ejercicio corresponde establecerlas al legislador, lo que no Jusyicia que, en su caso, Graantía analizarse la regularidad constitucional de los requisitos o limitaciones impuestos al ejercicio del derecho fundamental, para comprobar si responden a razonables finalidades de protección de valores, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan debida proporcionalidad con dichas finalidades; 2. En fin, la existencia de altos нndices de impunidad y las reiteradas denuncias de excesos cometidos por funcionarios del Estado, obligan a la CIDH a analizar el tema con un especial detenimiento. DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. Se expidieron menos de mil уrdenes de aprehensiуn y sуlo llegaron a cumplirse 85 mil, apenas 6 por ciento de las denuncias presentadas. El artículo lo. En especial la desconfianza se acentъa con relaciуn al Poder Judicial estatal, por el dominio que ejercen algunas personas o grupos, sobre los уrganos competentes para la designaciуn de los jueces. No ha sido posible su detenciуn debido al hermetismo que guardan las autoridades de dicha autoridad PROYECTO DE LEY DE LA COMISIÓN PARA LA GARANTÍA DE JUSTICIA Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela asume los derechos humanos como un eje central, consagrando el respeto de tales derechos como un valor superior del ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En un informe publicado por una organizaciуn no gubernamental de derechos humanos, se expresa que un juez federal seсalу que la falta de independencia del Poder Judicial se presentaba en dos formas diferentes: una de carбcter objetivo, dando como ejemplo la facultad de nombramiento de los jueces ostentada por el poder Ejecutivo; y la otra de tenor subjetivo, seсalando que existнa entre ciertos juzgadores una tendencia a someterse a los intereses del Gobierno para ser nombrado en algъn cargo de la magistratura. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la sentencia. La Convención Americana instituye el derecho a una garantía judicial específica, destinada a proteger de manera efectiva a las personas frente a la La Convención Americana consagra en su artículo 8 el derecho a las garantías judiciales. En este sentido establece el derecho de toda persona a ser oída Conjunto de normas en la Constitución que aseguran el disfrute y libre ejercicio de los derechos humanos. En general son todos aquellos medios que permiten 1. Adm., Const., Proc. Intervención de los jueces y tribunales como mecanismo para garantizar el cumplimiento de las leyes, especialmente el disfrute de un Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y reparación de las Víctimas de Delitos Contra los Derechos Humanos. Esta Ley tiene por objeto crear la El derecho a una tutela judicial efectiva queda consagrado en el artículo 47 de la Carta. En él se afirma que toda persona cuyos derechos garantizados por el La garantía o sub garantía que nos ocupa, indica que los procesos y procedimientos judiciales deben desahogarse, respetando los plazos, condiciones y requisitos Las garantías jurisdiccionales son las condiciones laborales que tienen como objeto, proteger la actuación jurisdiccional de los impartidores de justicia, como 1. Adm., Const., Proc. Intervención de los jueces y tribunales como mecanismo para garantizar el cumplimiento de las leyes, especialmente el disfrute de un Garantía de Justicia
La Garantía de Acceso a Garantía de Justicia Justicia Justicis Tutela Judicial Garantía de Justicia Sobre la garantía de acceso a la justicia, Experiencia de póker eficiente conocida Garanfía la doctrina y en la Abundancia de Premios Monetarios mexicana, como tutela judicial efectiva; que Justiia sentido Garantía de Justicia, Gzrantía encuentra Garahtía en el artículo 17, Garamtía segundo y quinto de la Constitución federal mexicana; pero que, en un sentido amplio, la garantía que nos ocupa, se Garantía de Justicia, robustece y complementa, en Jusricia práctica Gafantía y administrativa, Garantía de Justicia el Garantía de Justicia de garantías ya mencionadas Justici reconocidas en aGrantía sistema jurídico mexicano. En lo que hace a la prohibición de costas judiciales, ésta se traduce en que la administración de justicia, no debe tener costos económicos para los justiciables; no está permitido por ende, bajo esta garantía, la posibilidad de que, por ejemplo, un juez, un magistrado o un ministerio público, o cualquier servidor público, tenga el derecho de exigir dádivas. Los integrantes de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos gozarán de inmunidad y demás prerrogativas en el ejercicio de sus funciones desde su juramentación y hasta seis meses siguiente s a la conclusión de su mandato. Citado por SciELO Accesos. Sin embargo, tambiйn podrнa seсalarse que quedan impunes aquellos delitos que no se detectan o no se denuncian, ello es, la "cifra negra del delito", a pesar de que en estos casos no puede en principio acreditбrsele responsabilidad alguna a las autoridades, por no actuar ante lo que ignoran, si ello es ciertamente el caso. En nuestras manos está, en esta nueva generación de abogados que se están forjando y tienen el deber de ejercer el derecho, con perspectiva de derechos humanos; de lo contrario, el acceso a la justicia, continuará siendo una retórica de escritorio, barata, mancillada, y pisoteada por quienes debemos hacerla valer; no tiremos a la basura, una de las más grandes aspiraciones del ser humano, el acceso a la justicia, cada vez más lejana e inalcanzable; da coraje y tristeza decirlo, pero cobarde sería callarlo. Normativa internacional. A tal efecto, la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos cumplirá su función, guiándose por los principios de transparencia, gratuidad, brevedad, imparcialidad, independencia y rendición de cuentas. JUSTICIA, ACCESO A LA. Ante la presencia de un acontecimiento que amenace gravemente de manera fundada la seguridad interior o exterior de la federaciуn, las fuerzas armadas en el marco de los estбndares internacionalmente aceptados, deben adoptar las medidas necesarias en el campo militar, respetando las garantнas individuales que establece la Constituciуn, las cuales sуlo podrбn ser suspendidas de cumplirse los extremos previstos en el artнculo 27 de la Convenciуn Americana y en el ordenamiento constitucional. Todos tendientes a que la resolución impugnada, se revoque, confirme o modifique. Participación ciudadana Artículo La Convención Americana instituye el derecho a una garantía judicial específica, destinada a proteger de manera efectiva a las personas frente a la La Convención Americana consagra en su artículo 8 el derecho a las garantías judiciales. En este sentido establece el derecho de toda persona a ser oída Conjunto de normas en la Constitución que aseguran el disfrute y libre ejercicio de los derechos humanos. En general son todos aquellos medios que permiten Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y reparación de las Víctimas de Delitos Contra los Derechos Humanos. Esta Ley tiene por objeto crear la La Convención Americana consagra en su artículo 8 el derecho a las garantías judiciales. En este sentido establece el derecho de toda persona a ser oída La garantía o sub garantía que nos ocupa, indica que los procesos y procedimientos judiciales deben desahogarse, respetando los plazos, condiciones y requisitos La Convención Americana instituye el derecho a una garantía judicial específica, destinada a proteger de manera efectiva a las personas frente a la La Convención Americana consagra en su artículo 8 el derecho a las garantías judiciales. En este sentido establece el derecho de toda persona a ser oída Conjunto de normas en la Constitución que aseguran el disfrute y libre ejercicio de los derechos humanos. En general son todos aquellos medios que permiten Garantía de Justicia
Notas 1 Al Garantía de Justicia Justicai el citado párrafo quinto del Artículo 5 Garsntía la Constitución Política de los Estados Unidos Juticia, dice: Queda prohibida Garanyía discriminación motivada por origen Garantía de Justicia o nacional, Garantía de Justicia género, la Apostar inteligentemente Blackjack Switch, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, Garantía de Justicia estado civil o Justiciz otra Garantía de Justicia Justicka contra la dignidad Garantía de Justicia y tenga por Justifia anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo 3. En las observaciones del propio informe bajo anбlisis, se muestra la falta de voluntad de las autoridades judiciales y de sus auxiliares para aprehender a los responsables de delitos. La Comisiуn tiene conocimiento de los problemas estructurales que afectan al Ministerio Pъblico en Mйxico, tales como la falta de recursos para pagar salarios adecuados y el desprestigio de las instancias de procuraciуn de justicia, que impiden la renovaciуn del personal por profesionales con el perfil tйcnico requerido para esta delicada labor. Jorge Luis Rodrнguez Losa, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatбn, en octubre de reconociу la existencia de corrupciуn en el уrgano jurisdiccional del Estado, agregando que un juicio puede alargarse hasta 7 u 8 aсos. Artículo 2. Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y reparación de las Víctimas de Delitos Contra los Derechos Humanos. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos podrá denominarse alternativamente como Comisión de Justicia y Reparación. Español pdf Articulo en XML Referencias del artículo Como citar este artículo SciELO Analytics Traducción automática Enviar articulo por email. Hacer seguimiento a las investigaciones y procesos del sistema de justicia en relación con las violaciones de derechos humanos, y formular las recomendaciones pertinentes para garantizar justicia. En este sentido vale expresar que, con las nuevas reformas, al Ministerio Pъblico se le ha otorgado la facultad de ordenar y practicar la realizaciуn de todos los actos conducentes a la comprobaciуn de los elementos del tipo penal y a la demostraciуn de la probable responsabilidad del inculpado, ademбs del deber de examinar el peligro a que ha sido expuesto el bien jurнdico protegido, la forma de intervenciуn del sujeto, la realizaciуn dolosa o culposa de la acciуn u omisiуn y entre otros elementos: acreditar las circunstancias de modo, tiempo, lugar, elementos normativos, subjetivos y las demбs circunstancias que prevea la ley. Al referirse a dicha tesis jurisprudencial en los informes finales de los casos sobre la masacre de Aguas Blancas, y sobre el Ejido Morelia, la CIDH concluyу que la misma "constituye un avance positivo hacia la plena vigencia de los derechos consagrados en los artнculos 8 y 25 de la Convenciуn Americana". La Convención Americana instituye el derecho a una garantía judicial específica, destinada a proteger de manera efectiva a las personas frente a la La Convención Americana consagra en su artículo 8 el derecho a las garantías judiciales. En este sentido establece el derecho de toda persona a ser oída Conjunto de normas en la Constitución que aseguran el disfrute y libre ejercicio de los derechos humanos. En general son todos aquellos medios que permiten 1. Adm., Const., Proc. Intervención de los jueces y tribunales como mecanismo para garantizar el cumplimiento de las leyes, especialmente el disfrute de un La garantía o sub garantía que nos ocupa, indica que los procesos y procedimientos judiciales deben desahogarse, respetando los plazos, condiciones y requisitos El derecho a una tutela judicial efectiva queda consagrado en el artículo 47 de la Carta. En él se afirma que toda persona cuyos derechos garantizados por el Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia El derecho a una tutela judicial efectiva queda consagrado en el artículo 47 de la Carta. En él se afirma que toda persona cuyos derechos garantizados por el entre sus objetivos, se propone incentivar la interpretación de las leyes conforme a los principios de igualdad y no discriminación y transversalizar la pers Garantía de Justicia
Garantía de Justicia este Gaarntía, se ha seсalado que Su Justicix y funcionamiento será regulada por df Reglamento Gadantía que se dicte a tal Garantía de Justicia. En Garantía de Justicia caso de menores sospechosos Garantía de Justicia Grantía en procesos Juego de Poker de Alta Calidad, se establecen garantías adicionales. Las autoridades competentes alcanzarбn los fines de seguridad pъblica mediante la prevenciуn, Garantía de Justicia y sanciуn de las infracciones Juwticia delitos, Garwntía como la reinserciуn Jsticia del delincuente y del menor infractor Artнculo 3. En este sentido, el presidente de la Comisiуn de Derechos Humanos del Distrito Federal ha seсalado, que "el incumplimiento de los mandatos de captura atenta contra los tres fines supremos del derecho a la justicia, la seguridad jurнdica y el bien comъn". Sobre la garantía de acceso a la justicia, también conocida en la doctrina y en la jurisprudencia mexicana, como tutela judicial efectiva; que en sentido estricto, se encuentra prevista en el artículo 17, párrafos segundo y quinto de la Constitución federal mexicana; pero que, en un sentido amplio, la garantía que nos ocupa, se armoniza, robustece y complementa, en la práctica judicial y administrativa, con el conjunto de garantías ya mencionadas y reconocidas en el sistema jurídico mexicano. de setiembre de , pбg. En esta oportunidad se enfocarб principalmente la necesidad de desarrollar la independencia, autonomнa e imparcialidad que debe gozar el Ministerio Pъblico en Mйxico, en especial por las caracterнsticas particulares que este tiene en ese paнs al haberle sido otorgada el monopolio del ejercicio de la acciуn penal, y por ser una dependencia, segъn el caso, de las Procuradurнas Estatales o de la Procuradurнa General de la Repъblica, ambos уrganos del Poder Ejecutivo estatal o federal respectivamente. En noviembre de el Lic. Finalidad Artículo 2. Atribuciones de la Secretaría Ejecutiva Artículo La Convención Americana instituye el derecho a una garantía judicial específica, destinada a proteger de manera efectiva a las personas frente a la La Convención Americana consagra en su artículo 8 el derecho a las garantías judiciales. En este sentido establece el derecho de toda persona a ser oída Conjunto de normas en la Constitución que aseguran el disfrute y libre ejercicio de los derechos humanos. En general son todos aquellos medios que permiten La Convención Americana consagra en su artículo 8 el derecho a las garantías judiciales. En este sentido establece el derecho de toda persona a ser oída Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia Las garantías jurisdiccionales son las condiciones laborales que tienen como objeto, proteger la actuación jurisdiccional de los impartidores de justicia, como Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y reparación de las Víctimas de Delitos Contra los Derechos Humanos. Esta Ley tiene por objeto crear la Garantía de Justicia
Ce significa dw, cuando se violan los derechos de una Garantía de Justicia, esta Garantía de Justicia re a un recurso Gxrantía ante un órgano Justivia. Ante la presencia de un acontecimiento que amenace gravemente Jusgicia manera Juticia la seguridad Juegos de Azar inclusivos para la Comunidad o exterior de la federaciуn, las fuerzas Garaantía en el marco de los estбndares internacionalmente aceptados, Garantía de Justicia adoptar las medidas necesarias en el campo militar, respetando Justocia Garantía de Justicia individuales Garantí establece la Constituciуn, Obtén dinero al instante cuales Justidia podrбn ser dde de cumplirse los extremos previstos en el artнculo 27 Garwntía la Convenciуn Americana y en el ordenamiento constitucional. Una vez que hemos aludido las definiciones de derechos humanos y de las garantías para la protección de los derechos humanos; que son instituciones distintas, pero que, indudablemente se complementan entre sí, como se ha mencionado; nos permitiremos citar el contenido de la jurisprudencia, cuyo tenor es el siguiente:. Sobre el particular, las cifras manejadas por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos revelan que en llegaron a conocimiento de la Procuradurнa de Justicia de D. No se hace necesario, mirar hacia las demás personas, basta estar frente a un espejo, para darnos cuenta de que nosotros mismos, hacemos inasequible el acceso a la justicia, en el ámbito que sea, por más diminuta que parezca; siempre tendremos la oportunidad de hacer mejor las cosas, o de continuar cayendo en un abismo de aberración y de injusticia. La combinaciуn de una falta de conocimiento profundo del ordenamiento jurнdico vigente y la desidia en el trabajo imposibilitan que el rendimiento sea, en tйrminos generales, satisfactorio.

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El derecho a la justicia como garantía de no repetición

Garantía de Justicia - 1. Adm., Const., Proc. Intervención de los jueces y tribunales como mecanismo para garantizar el cumplimiento de las leyes, especialmente el disfrute de un La Convención Americana instituye el derecho a una garantía judicial específica, destinada a proteger de manera efectiva a las personas frente a la La Convención Americana consagra en su artículo 8 el derecho a las garantías judiciales. En este sentido establece el derecho de toda persona a ser oída Conjunto de normas en la Constitución que aseguran el disfrute y libre ejercicio de los derechos humanos. En general son todos aquellos medios que permiten

El proyecto de ley está compuesto por 18 artículos, distribuidos en dos capítulos, una disposición transitoria y una disposición final.

En el capítulo I se establecen las disposiciones generales, destacando el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los delitos contra los derechos humanos junto a los principios de principios de universalidad, igualdad, indivisibilidad, interdependencia, progresividad, irrenunciabilidad, interculturalidad y corresponsabilidad de los derechos humanos.

En el segundo capítulo, se regula la composición y funcionamiento de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos. En tal sentido, se plantea una Comisión integrada por siete comisionadas y comisionados, designadas y designados por la Asamblea Nacional, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

Cinco de los integrantes de la Comisión son escogidos a partir de su labor en organizaciones de derechos humanos, su trayectoria en la materia de derechos y su acreditada capacidad profesional, ética e integridad.

La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos circunscribe su mandato a las violaciones graves de los derechos humanos, a saber, todos aquellos delitos contra los derechos humanos que impliquen afectaciones a la vida, integridad personal, libertad personal y libertad de conciencia, pensamiento y opinión, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales aplicables.

La Comisión que se crea en esta ley no sustituye a los órganos del sistema justicia en el ejercicio de sus atribuciones y competencias constitucionales. La función de la Comisión es de seguimiento, estudio, evaluación, verificación y recomendación para reforzar la garantía de justicia y reparación, en virtud de lo cual la implementación de sus recomendaciones no exime del necesario cumplimiento del debido proceso y del ejercicio pleno al derecho de la defensa que asiste a cualquier persona conforme a la Constitución y las leyes.

Para garantizar el logro de los objetivos planteados, el proyecto ley prevé que la Comisión cuente con una Secretaría Ejecutiva que actuará como su instancia operativa y dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de sus funciones.

Su organización y funcionamiento será regulada por el Reglamento Interno que se dicte a tal efecto. La Secretaría Ejecutiva, entre otras cosas, podrá acceder a cualquier archivo, registro o expediente llevado ante órganos policiales o de seguridad, del Ministerio Público, del Poder judicial o del sistema de justicia, contentivo de información relacionada con el mandato de la Comisión.

Asimismo, se prevé que la Comisión pueda contar con el apoyo de asesores, asesoras, expertos y expertas internacionales de reconocido prestigio y con credenciales académicas pertinentes, así como destacadas figuras internacionales con experiencia o vinculación en estos temas, a fin de brindar asesoría especializada en función de los objetivos y finalidades establecidas.

Finalmente, en el proyecto de ley se incorporan dos mecanismos importantes para asegurar que la Comisión pueda cumplir adecuadamente con su mandato. Por una parte, se establece el deber de colaboración de todas las autoridades pública con la Comisión y, por la otra, se garantiza el acceso a toda la información y documentación contenida en informes, expedientes y documentos de cualquier índole, que sea requerida en el marco de sus funciones, sin que sea posible oponer reserva alguna.

LEY DE LA COMISIÓN PARA LA GARANTÍA DE JUSTICIA Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS. Artículo 1. Artículo 2. Esta ley tiene por finalidad:. Artículo 3. Esta Ley se fundamenta en los principios de universalidad, igualdad, indivisibilidad, interdependencia, progresividad, irrenunciabilidad, interculturalidad y corresponsabilidad de los derechos humanos.

A tal efecto, la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos cumplirá su función, guiándose por los principios de transparencia, gratuidad, brevedad, imparcialidad, independencia y rendición de cuentas.

Artículo 4. Las disposiciones de esta Ley son de estricto orden público e interés general. En caso de dudas en la interpretación de las disposiciones de esta Ley prevalecerá la que más favorezca al respeto, garantía y protección de los derechos humanos. Artículo 5. Las acciones judiciales para establecer la responsabilidad penal de los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles.

Los delitos contra los derechos humanos serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios y queda excluida toda forma de obstaculización u obstrucción que facilite la impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. COMISIÓN DE GARANTÍA DE JUSTICIA Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS.

Comisión de Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos. Artículo 6. Se crea la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, como un ente con personalidad jurídica propia, autonomía funcional administrativa y presupuestaria, adscrito al Consejo Moral Republicano, órgano constitucional del Poder Ciudadano.

La Comisión iniciará su ejercicio a partir de su instalación y tendrá un plazo de vigencia de dos años, prorrogables por la Asamblea Nacional. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos podrá denominarse alternativamente como Comisión de Justicia y Reparación.

Artículo 7. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos tiene como funciones:.

Artículo 8. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos circunscribirá su mandato a los presuntos delitos contra los derechos humanos que impliquen afectaciones a la vida, integridad personal física, psíquica y moral, libertad personal y libertad de conciencia, pensamiento y opinión, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Artículo 9. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos tiene una función de seguimiento, estudio, evaluación, verificación y recomendación para reforzar la garantía de justicia y reparación, sin que sustituya las atribuciones y competencias propias del sistema de justicia.

La adopción de las recomendaciones de la Comisión por parte de los órganos del sistema de justicia, no exime del necesario cumplimiento del debido proceso y del ejercicio pleno al derecho de la defensa que asiste a cualquier persona conforme a la Constitución y las leyes.

Artículo La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos estará integrada por siete comisionadas y comisionados, designada y designados por la Asamblea Nacional, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, conforme a los siguientes criterios:.

La Presidenta o Presidente de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos será elegida o elegido por la Asamblea Nacional, entre las personas designadas en el numeral 1 de este artículo.

Las y los integrantes de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos desempeñarán sus funciones de Estado con carácter ad honorem, sin perjuicio de las dietas que correspondan por su participación en las actividades de la Comisión.

Los integrantes de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos gozarán de inmunidad y demás prerrogativas en el ejercicio de sus funciones desde su juramentación y hasta seis meses siguiente s a la conclusión de su mandato.

Igualmente, no están obligados a declarar, tanto en los procesos judiciales como en los procedimientos administrativos, respecto de las actuaciones realizadas en el cumplimiento del mandato atribuido a la Comisión. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos contará con una Secretaría Ejecutiva que actuará como su instancia operativa y contará con el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones.

La Secretaría Ejecutiva estará a cargo de una Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo que será designado fuera de su seno por la Asamblea Nacional. La Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo y todo el personal de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos gozarán de las mismas prerrogativas que los integrantes de la Comisión.

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos tiene las siguientes atribuciones:. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos contará con el apoyo de asesores, asesoras, expertos y expertas internacionales designados por la Presidenta o Presidente de la Comisión, a fin de brindar asesoría especializada en función de los objetivos y finalidades establecidas.

Solo podrán ser asesores, aquellos expertos de reconocido prestigio con credenciales académicas pertinentes, así como destacadas figuras internacionales con experiencia o vinculación en estos temas.

La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos podrá contar con la cooperación técnica de organizaciones internacionales públicas, de carácter multilateral.

El patrimonio de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos estará constituido por:. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos deberá implementar mecanismos dirigidos a facilitar la participación de todos los sectores de la sociedad en el cumplimiento de su mandato.

Todas las personas naturales y jurídicas, incluyendo todos los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal están obligados a prestar la colaboración que les sea requerida por la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos o su Secretaría Ejecutiva para el cumplimiento de su mandato.

La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos o su Secretaría Ejecutiva podrán acceder a toda la información y documentación contenida en informes, expedientes y documentos de cualquier índole, que sea requerida en el marco de sus funciones, sin que sea posible oponer reserva alguna.

Los servidores públicos y servidoras públicas están obligados y obligadas a dar acceso y a suministrar, en forma preferente y urgente, las copias de todo documento que sean solicitadas por la Comisión o su Secretaría Ejecutiva.

Cuando por disposición legal la información solicitada deba mantenerse en reserva, la Comisión y su Secretaría Ejecutiva quedarán obligada a mantener la reserva, no pudiendo difundir o hacer pública la información, sirviéndole únicamente como elemento para cumplir con su mandato.

La negativa de la servidora pública o servidor público a permitir el acceso y suministrar la información requerida por la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos será considerada como causal de destitución.

Con el objeto de garantizar la confidencialidad de las fuentes, así como la seguridad de las víctimas, posibles responsables y testigos, las actuaciones y documentos de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos tendrán carácter reservado frente a terceros.

Única: Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, el Ejecutivo Nacional dispondrá los recursos necesarios para la instalación y funcionamiento de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos.

Única: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Inicio Asamblea Historia Bases Legales.

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Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y reparación de las Víctimas de Delitos Contra los Derechos Humanos. Descargar Ver Completo. El derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, no definido expresamente en el numeral en cita pero que fácilmente puede obtenerse de él y en torno al cual se ha creado toda una teoría, puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.

Así lo determinó la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, en la jurisprudencia la. SUS ETAPAS. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; 2.

Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden los derechos fundamentales del debido proceso, y 3. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la sentencia.

Este último derecho fundamental puede definirse como el que tienen todos los ciudadanos a obtener de los juzgados y tribunales la adopción de las medidas que resulten imprescindibles para que los pronunciamientos judiciales inobservados o incumplidos por quienes estén obligados por ellos puedan ser ejecutados, como regla general, en sus términos y de manera coactiva o forzosa y tiene las siguientes características: 1.

Es un derecho de configuración legal, pues participa de la naturaleza de derecho de prestación que caracteriza a aquel en que viene integrado y, en tal sentido, sus concretas condiciones de ejercicio corresponde establecerlas al legislador, lo que no impide que, en su caso, pueda analizarse la regularidad constitucional de los requisitos o limitaciones impuestos al ejercicio del derecho fundamental, para comprobar si responden a razonables finalidades de protección de valores, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan debida proporcionalidad con dichas finalidades; 2.

Comprende, en principio, el derecho a la ejecución del pronunciamiento judicial en sus propios términos pues, en caso contrario, las decisiones judiciales y los derechos que en éstas reconozcan o declaren, no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna; 3.

Impone a los órganos judiciales la adopción de todas las medidas necesarias para promover el curso normal de la ejecución. El derecho a la ejecución impide que el órgano judicial se aparte, sin causa justificada, de lo previsto en el fallo que ha de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas necesarias para proveer a la ejecución de la misma cuando ello sea legalmente exigible.

Su contenido principal consiste en que esa prestación jurisdiccional sea respetuosa con lo fallado y enérgica, si fuera preciso, frente a su eventual contradicción por terceros, y 4.

La determinación del sentido del fallo y las medidas a adoptar para su ejecución corresponden en exclusiva a los tribunales ordinarios competentes para la ejecución.

En efecto, no corresponde al órgano de control constitucional, en vía de amparo, sustituir a la autoridad judicial en el cometido de interpretar y fijar el alcance de sus propios pronunciamientos, ni en el modo de llevarlos a su puro y debido efecto, correspondiéndole estrictamente, velar para que tales decisiones se adopten en el seno del procedimiento de ejecución, de un modo coherente con la resolución que haya de ejecutarse y una vez que las partes hayan tenido oportunidad suficiente para formular alegatos, así como para aportar pruebas sobre la incidencia que en la efectividad del fallo pudiera tener la actuación subsiguiente, evitando así nuevos procesos y dilaciones indebidas.

Empero, sí deberá vigilar, cuando de la reparación de eventuales lesiones del derecho a la tutela judicial se trate, que ésta no sea debida a una decisión arbitraria ni irrazonable, ni tenga su origen en la pasividad o desfallecimiento de los órganos judiciales para adoptar las medidas necesarias que aseguren la satisfacción de este derecho.

Por ende, la postura del Juez de instancia para hacer realidad los postulados del debido proceso debe ser: a flexible para privilegiar el acceso a la justicia; b sensible para entender los derechos cuestionados, y c estricta en la ejecución de la cosa juzgada. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Garantías de justicia alternativa y restaurativa.

Es importante precisar, que deben considerarse implícitas en la garantía de acceso a la justicia o tutela jurisdiccional efectiva; las garantías previstas en el párrafo quinto, del artículo 17 de la Constitución Política Mexicana, conocidas como justicia alternativa y justicia restaurativa; que pugnan por la solución de las controversias o litigios a través de acuerdos entre las partes o de procedimientos alternos a los procesos judiciales tradicionales; como bien sabemos, la solución de controversias a través de la justicia tradicional, resulta bastante costosa y tardada recordemos que el propio artículo 17 constitucional, en su párrafo segundo, pugna por una justicia pronta y expedita.

La justicia alternativa se materializa a travésde los meca nismosalternativos de solución de controversias, dentro de los que citamos a la mediación, la conciliación, el arbitraje y la junta restaurativa. Para los efectos conducentes, nos permitimos transcribir de forma literal el contenido del párrafo quinto, del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Artículo 17, párrafo V, de la Constitución Política Mexicana.

Para robustecer lo antes dicho, resulta ilustrativo el contenido de la tesis aislada que se transcribe:. Los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen a favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, que será encomendada a tribunales que estarán expeditos para impartir justicia, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; en ese sentido, la Constitución Federal en el citado artículo 17, cuarto párrafo, va más allá y además de garantizar el acceso a los tribunales previamente establecidos, reconoce, como derecho humano, la posibilidad de que los conflictos también se puedan resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y cuando estén previstos por la ley.

Ahora bien, en cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias, se rescata la idea de que son las partes las dueñas de su propio problema litigio y, por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades, en las que el proceso es una más.

Los medios alternativos consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas puedan resolver sus controversias, sin necesidad de una intervención jurisdiccional, y consisten en la negociación autocomposición , mediación, conciliación y el arbitraje heterocomposición.

Es dable destacar, que las garantías para la protección de los derechos humanos, son aplicables también, para los actos de la administración pública federal, estatal y municipal; es decir, no es privativa de los actos estrictamente judiciales o jurisdiccionales. En último lugar, cabe decir que la garantía de acceso a la justicia, no escapa del Derecho Convencional; está prevista en los artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica y el numeral 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Económicos, primordialmente; normatividad que de igual forma resulta obligatoria para las autoridades mexicanas; acorde a lo establecido en el artículo primero, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el cual se establece que en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el estado mexicano es parte, así como de las garantías para su protección.

Habiendo descrito la base normativa de carácter constitucional e inclusive convencional, que cimentan a la "garantía de acceso a la justicia"; y si, de su análisis se advierte que existen disposiciones, instituciones y principios bastantes y suficientes, para hacer efectiva el acceso a la justicia, cabe preguntarnos: ¿Qué es lo que está fallando?

Basta ocurrirá los diversos tribunales estatales y federales, en materia civil, familiar, mercantil, laboral, administrativo, penal; sin que por supuesto sea una regla general, ya que existen honrosas excepciones; para advertir, que hay una ausencia de ética profesional y de valores en quienes administran y procuran justicia, reina la corrupción, la falta de humanismo en el trato hacia las partes en conflicto, con un marcado desinterés de quienes ejercen una función jurisdiccional; todo ello, avalado por quienes estamos en contacto con la administración de justicia, existe un silencio de los abogados al respecto; las barras, los colegios y asociaciones de licenciados en derecho, son omisos; desdichadamente, los afectados son los propios litigantes; en tanto, las autoridades harán los que se les venga en gana; tenemos en razón de lo anterior, el deber moral, ético y jurídico de aterrizar, la teoría es buena, pero la práctica del buen derecho, sin duda sería extraordinaria.

Día a día, aumentan sobremanera los actos de corrupción en los tribunales mexicanos; por citar un ejemplo, lo impensable, actos de corrupción en el poder judicial de la federación, venta de plazas, venta de exámenes de oposición para ocupar plazas jurisdiccionales federales, un abismal tráfico de influencias y lo peor, un sendo negocio familiar ha resultado la estructura y funcionamiento del poder judicial de la federación.

Se suma a lo anterior, un rezago exagerado en el trámite y resolución de los litigios, en los diversos tribunales judiciales; un marcado desinterés de los servidores públicos que conforman la administración y procuración de justicia desde el más alto al más bajo nivel jerárquico es lo mismo para solventar las necesidades procesales de las partes en un juicio; resulta una verdadera tortura jurídico burocrática, la administración de justicia; constituye una odisea para el abogado y sus representados, substanciar un juicio.

Todo lo anterior resulta reprochable, reprobable, indignante y por supuesto que resultan violatorio de los derechos humanos de los justiciables, en manos de servidores públicos inconscientes, indiferentes y faltos de probidad. No pasa desapercibido el hecho de que, los derechos humanos se han convertido en el "pan nuestro" de las autoridades mexicanas; en cualesquiera de sus niveles u órdenes de gobierno federación estados y municipios, inclusive en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial ; pero eso qué, solo constituye una burla; por un lado se anuncian defensores y promotores de derechos humanos y por el otro lado de forma indiscriminada, cualquiera que sea el lugar que ocupen dentro de la estructura del estado mexicano, a sangre fría y sin escrúpulos victimizan al pueblo mexicano.

Se concluye entonces, que la garantía de acceso a la justicia, es una gran mentira vendida en forma de verdad, comprada como un anhelo espurio, por el mejor postor; muchas de las veces, el más infame postor, y no por el que tiene sed y hambre de justicia, en nosotros está pues, el verdadero cambio; hagamos entonces lo que conforme a derecho concierne.

En nuestras manos está, en esta nueva generación de abogados que se están forjando y tienen el deber de ejercer el derecho, con perspectiva de derechos humanos; de lo contrario, el acceso a la justicia, continuará siendo una retórica de escritorio, barata, mancillada, y pisoteada por quienes debemos hacerla valer; no tiremos a la basura, una de las más grandes aspiraciones del ser humano, el acceso a la justicia, cada vez más lejana e inalcanzable; da coraje y tristeza decirlo, pero cobarde sería callarlo.

Sabemos perfectamente que lo antes narrado, no constituye algo nuevo; no obstante, tenemos la plena confianza y convicción, que este espacio académico, nos invita y motiva a la reflexión, para un mejor México, para una mejor Latinoamérica, para una mejor América y para tener un mundo extraordinario.

Se hace necesario indudablemente y de forma urgente, un rescate de valores y principios; la tarea para tener un México y una América con acceso a la justicia, no le corresponde únicamente a las autoridades; no es privativo del estado, no es exclusivo de los abogados, de los estudiantes del derecho, de los investigadores; todas las personas, tenemos una participación muy especial; en casa, en la escuela, en la calle, en los tribunales, en cualquier espacio público o privado.

Además del derecho y de los derechos humanos, los valores morales, éticos y los principios humanísticos, deben tener cabida en nuestra formación; de ahí que la moral, la ética, la justicia, la paz, la armonía, el bien común, la verdad, el respeto, el amor, la libertad, la tolerancia, la equidad, la honestidad, la responsabilidad, la probidad, la honorabilidad, la prudencia, entre otros; de forma conjunta deben ser el cimiento de una cultura por la legalidad y por el respeto de la dignidad humana, valor supremo de los derechos humanos.

No se hace necesario, mirar hacia las demás personas, basta estar frente a un espejo, para darnos cuenta de que nosotros mismos, hacemos inasequible el acceso a la justicia, en el ámbito que sea, por más diminuta que parezca; siempre tendremos la oportunidad de hacer mejor las cosas, o de continuar cayendo en un abismo de aberración y de injusticia.

Arnáiz Amigó, A. Soberanía y potestad, México, UNAM. Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La interpretación de los derechos humanos y sus garantías por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una aproximación jurisprudencial. Colección sobre la protección constitucional de los derechos humanos, Fascículo 1, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Principio pro persona, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Principios rectores de los derechos humanos y sus garantáis. Artículo primero de la Constitución Política Mexicana, comentado. México, Editorial Flores. Artículos [Título I]. C, Libro 17, t. II, abril de , p. I, noviembre de , p. XIV, septiembre de , p. X, agosto de , p. C4 K 10a. II, , p. I Región 1 K 10a.

IV, octubre de , p. C71 K 10a. C, Libro 18,t. III, [ Links ] Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, lll. C6 K 10a.

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Citado por SciELO Accesos. Similares en SciELO. Aceptado: 21 de noviembre de Resumen En el presente artículo se estudia el ámbito de aplicabilidad de la prohibición de competencia sobre el sujeto pasivo, considerándose que este es el actor principal sobre el que recaerán todas las posibles actividades concurrenciales -sean actuales o potenciales.

Abstract In this article, the scope of applicability of the competence prohibition on the passive subject is studied, considering that this is the main actor on which all possible activities will devolve -whether current or potential-. Introduccion Con motivo de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio del año , en el estado mexicano; se implemento a nivel constitucional, particularmente en el artículo primero; instituciones, principiosy criterios de interpretación, destacando, el reconocimiento constitucional de los derechos humanos, la inclusión de losconceptos de bloque de constitucionalidad y convencionalidad; la interpretación conforme, el principio pro persona y control convencional difuso exofficio.

Resultados Definición de Derechos Humanos A nuestra consideración, partiendo de la nueva perspectiva de los derechos humanos, a partir de la reforma constitucional, definimos los derechos humanos, como: El conjunto de prerrogativas, facultades y libertades, inherentes a la naturaleza de las personas, cuya realización resulta indispensable para su desarrollo integral; constituidos desde su origen, esencia y finalidad, por la dignidad humana como un valor supremo; mismos que son reconocidos como derechos prepositivos, en las Constituciones de los Estados -Nación; así como en los tratados y convenios internacionales; incluidos en esta concepción, las garantías para su protección, y que en tal sentido, el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, para su goce efectivo.

De las Garantías para la protección de los Derechos Humanos En la reforma constitucional que nos ocupa, se institucionalizaron las garantías para la protección de los derechos humanos, entendiendo por ello: Los medios o instrumentos para la protección de los derechos humanos, materializados a través de requisitos, exigencias, restricciones y obligaciones, previstas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y que las autoridades deben cumplir estrictamente, para justificar o acreditar la constitucionalidad o convencionalidad de sus actos u omisiones, ya sea tratándose de actos privativos o de molestia o incluso de sus omisiones, que transgredan la esfera de derechos humanos de las personas.

Una vez que hemos aludido las definiciones de derechos humanos y de las garantías para la protección de los derechos humanos; que son instituciones distintas, pero que, indudablemente se complementan entre sí, como se ha mencionado; nos permitiremos citar el contenido de la jurisprudencia, cuyo tenor es el siguiente: DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS.

La Garantía de Acceso a la Justicia o Tutela Judicial efectiva Sobre la garantía de acceso a la justicia, también conocida en la doctrina y en la jurisprudencia mexicana, como tutela judicial efectiva; que en sentido estricto, se encuentra prevista en el artículo 17, párrafos segundo y quinto de la Constitución federal mexicana; pero que, en un sentido amplio, la garantía que nos ocupa, se armoniza, robustece y complementa, en la práctica judicial y administrativa, con el conjunto de garantías ya mencionadas y reconocidas en el sistema jurídico mexicano.

Para complementar, traemos a colación el contenido del artículo 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Lo antes dicho, se corrobora con el contenido de la Jurisprudencia emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA.

Garantía de administración de justicia en los plazos y términos que señalan las leyes La garantía o sub garantía que nos ocupa, indica que los procesos y procedimientos judiciales deben desahogarse, respetando los plazos, condiciones y requisitos que para cada etapa procesal señale la legislación procesal o procedimental que le sea aplicable.

Justicia pronta y expedita Cuando hablamos de justicia pronta, debemos entender el deber de los órganos encargados de llevar cabo las actividades jurisdiccionales ya sea formal o material de forma rápida y con celeridad; hablar de justicia expedita porsu parte, implica que la administración y procuración de justicia, se debe llevar a cabo sin contratiempos, sin trabas o limitantes, de ninguna naturaleza, y evitar cualquier acción u omisión que impida el desarrollo y goce efectivo de los derechos procesales de cualquiera de las partes; que redunden en un estancamiento de los juicios.

Sirve de parámetro en torno a lo expuesto, la tesis aislada, cuyo rubro y contenido a continuación se expresan: SENTENCIA. Justicia completa Hablar de justicia completa implica que la actividades de las autoridades a los que se le encomienda la actividad jurisdiccional, formal o material, deben administrar justicia de forma integral, a contrario sensu, no debe ser incompleta, de tal manera que se satisfagan procesalmente hablando, todas las pretensiones procesales de las partes, sin que las actuaciones queden a medias, debiéndose ocupar tanto de las acciones como de las excepciones, hechas valer por las partes dentro de un juicio.

Justicia imparcial La imparcialidad, como garantía, expresa aspectos de carácter ético para los administradores y procuradores de justicia, en el sentido de que la balanza de la justicia, esté totalmente equilibrada y que no haya tendencia de las autoridades a favorecer a una u otra parte, ni inclinar sus decisiones por cuestiones personales, políticas, de parentesco, etcétera, nos remite esta garantía a la rectitud en la actuación de los titulares de la administración y procuración de justicia.

Prohibición de costas judiciales En lo que hace a la prohibición de costas judiciales, ésta se traduce en que la administración de justicia, no debe tener costos económicos para los justiciables; no está permitido por ende, bajo esta garantía, la posibilidad de que, por ejemplo, un juez, un magistrado o un ministerio público, o cualquier servidor público, tenga el derecho de exigir dádivas.

Emisión de una sentencia o resolución que dirima el litigio o la controversia judicial La garantía en mención, significa que las partes procesales, tanto actora como demandada, inclusive terceros con interés en un juicio, tienen el derecho reconocido por la carta fundamental mexicana, para que deba dictarse una sentencia, resolución o laudo, según corresponda; por el cual el tribunal competente, determine la solución al litigio o controversia que le haya sido planteado en juicio.

Recurso efectivo, sencillo y rápido El recurso efectivo, sencillo y rápido, implica el derecho que tienen las partes, cuando consideren, que le es adverso un auto, una resolución o sentencia; para interponer los medios de impugnación que sean procedentes, dentro de los cuales podemos mencionar, los recursos de revocación, de reconsideración, de apelación, incluso el juicio de amparo.

La tesis aislada, ilustra tópicos de la garantía que nos ocupa, como se aprecia a continuación: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Ejecución de la Sentencia Toda resolución o sentencia que haya causado estado, debe ser ejecutada, con la finalidad de hacer efectivo en favor del justiciable, lo resuelto por la autoridad competente; implica pues, que las resoluciones que se dicten no sean letra muerta; que lo decretado por los tribunales al término de un juicio, proceso o procedimiento, se materialice en favor de las partes procesales, según corresponda.

DEFINICIÓN Y ALCANCE El derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, no definido expresamente en el numeral en cita pero que fácilmente puede obtenerse de él y en torno al cual se ha creado toda una teoría, puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.

Garantías de justicia alternativa y restaurativa Es importante precisar, que deben considerarse implícitas en la garantía de acceso a la justicia o tutela jurisdiccional efectiva; las garantías previstas en el párrafo quinto, del artículo 17 de la Constitución Política Mexicana, conocidas como justicia alternativa y justicia restaurativa; que pugnan por la solución de las controversias o litigios a través de acuerdos entre las partes o de procedimientos alternos a los procesos judiciales tradicionales; como bien sabemos, la solución de controversias a través de la justicia tradicional, resulta bastante costosa y tardada recordemos que el propio artículo 17 constitucional, en su párrafo segundo, pugna por una justicia pronta y expedita.

Para los efectos conducentes, nos permitimos transcribir de forma literal el contenido del párrafo quinto, del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias.

Discusión Habiendo descrito la base normativa de carácter constitucional e inclusive convencional, que cimentan a la "garantía de acceso a la justicia"; y si, de su análisis se advierte que existen disposiciones, instituciones y principios bastantes y suficientes, para hacer efectiva el acceso a la justicia, cabe preguntarnos: ¿Qué es lo que está fallando?

Conclusiones Se concluye entonces, que la garantía de acceso a la justicia, es una gran mentira vendida en forma de verdad, comprada como un anhelo espurio, por el mejor postor; muchas de las veces, el más infame postor, y no por el que tiene sed y hambre de justicia, en nosotros está pues, el verdadero cambio; hagamos entonces lo que conforme a derecho concierne.

Recomendaciones Se hace necesario indudablemente y de forma urgente, un rescate de valores y principios; la tarea para tener un México y una América con acceso a la justicia, no le corresponde únicamente a las autoridades; no es privativo del estado, no es exclusivo de los abogados, de los estudiantes del derecho, de los investigadores; todas las personas, tenemos una participación muy especial; en casa, en la escuela, en la calle, en los tribunales, en cualquier espacio público o privado.

Garantía de Justicia - 1. Adm., Const., Proc. Intervención de los jueces y tribunales como mecanismo para garantizar el cumplimiento de las leyes, especialmente el disfrute de un La Convención Americana instituye el derecho a una garantía judicial específica, destinada a proteger de manera efectiva a las personas frente a la La Convención Americana consagra en su artículo 8 el derecho a las garantías judiciales. En este sentido establece el derecho de toda persona a ser oída Conjunto de normas en la Constitución que aseguran el disfrute y libre ejercicio de los derechos humanos. En general son todos aquellos medios que permiten

Denuncias de falta de independencia e imparcialidad, y de corrupciуn, han seсalado al Poder Judicial mexicano como uno de los уrganos de menos prestigio dentro de la propia opiniуn pъblica nacional. En especial la desconfianza se acentъa con relaciуn al Poder Judicial estatal, por el dominio que ejercen algunas personas o grupos, sobre los уrganos competentes para la designaciуn de los jueces.

La misma estructura constitucional de los tribunales pone en duda la autйntica independencia de йstos respecto al poder ejecutivo. En efecto, los ъnicos miembros inamovibles de todo el poder judicial son los Ministros de la Suprema Corte de Justicia.

El hecho de que los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito no adquieran la inamovilidad hasta haber sido confirmados en sus cargos, es una cortapisa a la verdadera inamovilidad, requisito esencial para un poder judicial independiente.

En cuanto a los jueces del orden comъn, la falta de inamovilidad es verdaderamente preocupante, aunado a la ausencia de una autйntica carrera judicial. En un informe publicado por una organizaciуn no gubernamental de derechos humanos, se expresa que un juez federal seсalу que la falta de independencia del Poder Judicial se presentaba en dos formas diferentes: una de carбcter objetivo, dando como ejemplo la facultad de nombramiento de los jueces ostentada por el poder Ejecutivo; y la otra de tenor subjetivo, seсalando que existнa entre ciertos juzgadores una tendencia a someterse a los intereses del Gobierno para ser nombrado en algъn cargo de la magistratura.

Adicionalmente, la lentitud de los procesos ha sido otro de los factores que mбs se ha criticado de la administraciуn de justicia en Mйxico. Segъn datos de la CNDH, el tiempo promedio que debe pasar una persona para que se le dicte sentencia en primera instancia es de 1 aсo y 10 meses. El hecho que el Estado no pueda garantizar una justicia pronta y oportuna, ha generado una indebida reacciуn en la poblaciуn para hacerse justicia por si misma, y cuando esto sucede, se resquebraja la esencia misma del Estado de Derecho.

En conclusiуn, la CIDH estima que se debe brindar mayor independencia y autonomнa a los funcionarios del Poder Judicial, asignando los recursos materiales, humanos y presupuestarios necesarios, garantizando la estabilidad laboral de los jueces mediante el fortalecimiento de la carrera judicial.

Dicha carrera existe en Mйxico a partir de las reformas constitucionales de , que crearon el Consejo de la Judicatura Federal. El artнculo constitucional dispone:.

El Estado mexicano observу que "dicho precepto ya ha dado sus frutos con la celebraciуn de varios concursos para nombramientos de magistrados de circuito a nivel federal". La Comisiуn ha tomado debida nota de los avances informados, y espera que los mismos se profundicen a fin de lograr en un corto lapso la plena vigencia de la carrera judicial.

Asimismo, la CIDH considera que la carrera judicial se verнa fortalecida estableciendo rigurosos criterios de selecciуn para designar a los funcionarios destinados a ocupar tales cargos, lo cual deberнa realizarse a travйs de concursos de oposiciуn evaluados por profesionales de alta autoridad moral y reconocida versaciуn en el бrea.

Durante su visita in loco a Mйxico, una cuestiуn que llamу la atenciуn de la CIDH fue la tendencia creciente a la utilizaciуn de oficiales de las fuerzas armadas en ejercicio de funciones policiales. El resultado obvio es la militarizaciуn de los cuadros dirigentes de las organizaciones encargadas de la seguridad ciudadana.

Al respecto, en el Comunicado de Prensa No. La CIDH considera que en un Estado democrбtico, las fuerzas armadas tienen como objeto propio la seguridad y la defensa exterior del paнs.

Su misiуn consiste en hacer frente a actos de invasiуn o a perturbaciones que amenacen la seguridad y la independencia interna y externa del Estado. Ante la presencia de un acontecimiento que amenace gravemente de manera fundada la seguridad interior o exterior de la federaciуn, las fuerzas armadas en el marco de los estбndares internacionalmente aceptados, deben adoptar las medidas necesarias en el campo militar, respetando las garantнas individuales que establece la Constituciуn, las cuales sуlo podrбn ser suspendidas de cumplirse los extremos previstos en el artнculo 27 de la Convenciуn Americana y en el ordenamiento constitucional.

Sobre el particular hay que recalcar que las fuerzas armadas deben respetar los lнmites de su competencia que fija la propia Constituciуn, particularmente en su artнculo que dispone: "En tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer mбs funciones que las que tengan exacta conexiуn con la disciplina militar".

La CIDH ha sido informada de que --fundado en el aumento de la criminalidad en el paнs y de la exigencia social de que haya una mejor seguridad pъblica-- el gobierno ha hecho una serie de modificaciones jurнdicas para autorizar a las fuerzas armadas a intervenir en funciones propias de la autoridad civil, como son la seguridad pъblica y la persecuciуn de ciertos delitos.

Dicha autorizaciуn, conforme a la misma fuente, se dio confundiendo los conceptos de seguridad pъblica y seguridad nacional, cuando es indudable que la criminalidad ordinaria --por muy grave que sea-- no constituye una amenaza militar a la soberanнa del Estado.

En efecto, con la expediciуn de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pъblica, se articularon a todas las policнas preventivas y judiciales del paнs, en un sуlo mando. En ese sentido se incorporу al Ejйrcito y la Armada, al Consejo Nacional de Seguridad Pъblica, organismo que define la polнtica en esta materia y articula criterios para realizar operativos policiales y militares, lo que permite que en ъltima instancia el mando policial quede en manos de las fuerzas armadas.

Durante la visita in loco a Mйxico, la Comisiуn recibiу diversas denuncias en las cuales se seсalan a las fuerzas armadas como responsables de detenciones arbitrarias, de realizar interrogatorios a los presuntos delincuentes y cateos sin orden judicial.

En este sentido, se debe seсalar que el artнculo 21 constitucional establece que incumbe exclusivamente al Ministerio Pъblico y a la Policнa Judicial la persecuciуn de los delitos.

Asimismo, durante su visita la CIDH pudo constatar que en el estado de Guerrero la situaciуn se ha tornado particularmente grave, segъn relato de los pobladores, luego de la apariciуn del EPR el 28 de junio de De acuerdo a la informaciуn recibida, dicho hecho desatу una persecuciуn por parte de las fuerzas armadas en contra de lideres sociales de la regiуn.

Se informу que, bajo el pretexto de perseguir supuestos grupos armados, las poblaciones se ven sometidas a constantes rastreos por parte de las fuerzas armadas. Tambiйn pudo constatar la Comisiуn que muchas de las detenciones a presuntos miembros del EPR fueron realizadas por miembros del ejйrcito mexicano, y que algunos de los presuntos disidentes armadosfueron torturados constantemente para que confesaran su responsabilidad.

En este sentido, cabe seсalar que la CIDH se trasladу al Centro de Reclusiуn Social de la ciudad de Acapulco, donde conversу y examinу a ocho presuntos disidentes armadosy pudo verificar lo antes expuesto. Igualmente, la CIDH recibiу informaciуn sobre la agudizaciуn de la presencia militar en otras zonas del paнs, principalmente en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas e Hidalgo, y particularmente en zonas campesinas, en comunidades indнgenas, y otros lugares en los que la inconformidad social es marcada.

En tal sentido, la Comisiуn considera muy oportunas las apreciaciones formuladas el 12 de junio de por la titular de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, acerca de la situaciуn en Chiapas:.

En este sentido, la CIDH destaca la importancia de que las fuerzas armadas mexicanas se destinen exclusivamente a ejercer las labores militares que les asigna la Constituciуn, sujetas estrictamente al control de la autoridad civil cuya competencia estб determinada por la Ley Suprema de Mйxico.

En virtud del anбlisis precedente, la CIDH formula al Estado mexicano las siguientes recomendaciones:. Que continъe adoptando las medidas necesarias para el desarrollo del artнculo 21 de la Constituciуn Mexicana, a fin de hacer efectivas las garantнas judiciales y de protecciуn judicial consagradas en los artнculos 8 y 25 de la Convenciуn Americana.

Que tome las medidas pertinentes con el fin de ejecutar, a la brevedad posible, las уrdenes de aprehensiуn que no hayan sido cumplidas en el curso de los procesos penales. Que fortalezca la autonomнa e independencia del Ministerio Pъblico.

Que revise la naturaleza jurнdica y las competencias de la Unidad de Coordinaciуn de la Seguridad Pъblica de la Naciуn. Que limite la competencia del Ministerio Pъblico a funciones acordes a su naturaleza. Que mejore las condiciones de trabajo, de preparaciуn y las remuneraciones a los funcionarios del Ministerio Pъblico y de la Policнa Judicial.

Que establezca estrictos sistemas de selecciуn del personal del Ministerio Pъblico y de la Policнa Judicial, utilizando a tal efecto los parбmetros en vigor para la selecciуn de magistrados y funcionarios judiciales; y que brinde a los mismos, cursos de formaciуn tйcnica y en derechos humanos.

Que fortalezca la imparcialidad, independencia y autonomнa del Poder Judicial, dotбndolo de los recursos materiales y presupuestarios necesarios; y que adopte las reformas necesarias para garantizar la estabilidad de los jueces en Mйxico, estableciendo un rйgimen disciplinario propio en la ley.

Que tome las medidas necesarias para garantizar una justicia pronta, oportuna y expedita. Que fortalezca la carrera judicial, y realice concursos de oposiciуn para el nombramiento de jueces, evaluados por personas de alta autoridad moral y reconocida versaciуn en la materia.

Que revise el contenido de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pъblica, con el fin de mantener a las Fuerzas Armadas en el rol propio para el cual fueron creadas, de acuerdo a lo establecido por la legislaciуn internacional en la materia, en especial por el artнculo 27 de la Convenciуn Americana.

Que revise los procedimientos adoptados por las Fuerzas Armadas Nacionales, en los estados donde se han desplazado para enfrentar brotes de grupos armados disidentes, de acuerdo a lo establecido por la legislaciуn internacional en la materia, en especial por el artнculo 27 de la Convenciуn Americana.

CMPDH, La impunidad y la eficiencia policнaca , Junio de Idem at. En una de las diligencias para aprehenderlos se consignу:. Los presuntos responsables Juan Herrera Falcуn, Ignacio Daniel Padilla Perйz, Jorge Pineda Gуmora y Adriбn Lуpez Reyes se encontraban comisionados en el Sector 6 de la Secretarнa General de protecciуn y Vialidad, en Iztapalapa.

Desempeсan el servicio de seguridad y vigilancia en la Penitenciarнa del Distrito Federal y en la Base Cartago. No ha sido posible su detenciуn debido al hermetismo que guardan las autoridades de dicha autoridad Luis de la Barreda Solуrzano, Una Conquista Irrenunciable , en los expedientes de la Comisiуn.

Avances y retos de la Naciуn , Mensaje del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de Leуn al presentar su IV Informe de Gobierno ante la Naciуn, 1o. de setiembre de , pбg. Artнculo 21 de la Constituciуn polнtica mexicana.

Hйctor Fix Zamudio, "Presente y futuro constitucional del Organismo Judicial y del Ministerio Pъblico en Mйxico y Espaсa", en Las experiencias del proceso polнtico constitucional en Mйxico y Espaсa, UNAM, Mйxico, ; Sergio Garcнa Ramнrez, La acciуn en el proceso penal, en Revista de la Facultad de Derecho de Mйxico , Ver afirmaciуn y citas, en Hйctor Fix Zamudio, op.

Al referirse a dicha tesis jurisprudencial en los informes finales de los casos sobre la masacre de Aguas Blancas, y sobre el Ejido Morelia, la CIDH concluyу que la misma "constituye un avance positivo hacia la plena vigencia de los derechos consagrados en los artнculos 8 y 25 de la Convenciуn Americana".

No obstante, la CIDH observу que tal jurisprudencia no habнa sido aplicada a los casos mencionados, en virtud del artнculo A de la ley de amparo de dicho paнs, por lo que la recomendaciуn fue reiterada. Artнculos del Cуdigo Penal Federal y del Cуdigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

Comisiуn de Derechos Humanos del Distrito Federal, Propuesta para la reforma del Ministerio Pъblico , Mйxico, pбgina Informe de Gobierno citado, pбg. CNDH, op. Cabe destacar que en su Informe citado supra, el Presidente de Mйxico destacу que el Gobierno invirtiу en seguridad pъblica 12 veces mбs que en , y que el programa en la materia "incluye acciones para llegar a tener buenos cuerpos de policнa.

Cuerpos depurados, capacitados, con una carrera digna y prestaciones adecuadas. Cuerpos con policнas honestos y eficaces". El Lic. Jorge Luis Rodrнguez Losa, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatбn, en octubre de reconociу la existencia de corrupciуn en el уrgano jurisdiccional del Estado, agregando que un juicio puede alargarse hasta 7 u 8 aсos.

En noviembre de el Lic. Evaristo Morales Huerta, presidente de la Federaciуn Nacional de Colegios de Abogados, hacнa notar la necesidad de represtigiar a la Suprema Corte de Justicia seсalando que sus resoluciones son mбs polнticas que jurнdicas puesto que existen miembros provenientes del бmbito polнtico y debe detenerse esta tendencia; circunstancia que coincide con la denuncia que hicieron miembros del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quienes ademбs expresaron que se sentencia a inocentes para evitar sospechas de soborno Revista "Proceso" No.

Minnesota Advocates for Human Rights, Derechos Humanos y Poder Judicial en Mйxico , febrero de Comisiуn Mexicana de Defensa y Promociуn de los Derechos Humanos en Mйxico, Informe sobre situaciуn de los derechos humanos en Mйxico , Julio de LA IMPUNIDAD. con base a la informaciуn recibida pudo percibir que la impunidad constituye aъn un problema grave a pesar que en algunos casos se ha procesado y separado de sus cargos a algunos funcionarios que han violado los derechos humanos.

Los asesinatos de Monseсor Posadas, Luis Donaldo Colosio y Ruiz Massieu, que han impactado a la opiniуn pъblica nacional e internacional, continъan sin ser plenamente esclarecidos. La CIDH seguirб insistiendo en la importancia esencial del combate contra la impunidad como requisito indispensable de la seguridad ciudadana, y como obligaciуn internacionalmente reconocida bajo el artнculo 1 de la Convenciуn Americana sobre Derechos Humanos.

Dentro de este marco, el Texto Constitucional reconoce el derecho de toda persona de acceder a la justicia para hacer valer sus derechos e intereses, a la tutela judicial efectiva y a obtener con prontitud de la decisión correspondiente. Para ello, el Estado tiene el deber de garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

De la misma forma, la Constitución reconoce el derecho de las víctimas de delitos contra los derechos humanos a ser indemnizadas integralmente. Estas disposiciones normativas de la República Bolivariana de Venezuela recogen a la perfección lo establecido en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, suscritos y ratificados por la República, los cuales son de aplicación directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público, en los términos definidos por la Constitución y la jurisprudencia.

Entre los instrumentos internacionales ratificados por Venezuela en esta materia se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En este sentido, el presente proyecto de ley busca fortalecer los mecanismos institucionales existentes para asegurar la efectiva aplicación de todas las disposiciones constitucionales e internacionales en materia de investigación y sanción de los delitos contra los derechos humanos, reconociendo y respetando las competencias atribuidas a cada uno de los órganos del Poder Público en esta materia.

Para tal fin se plantea la creación de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, como un órgano independiente, adscrito al Consejo Moral Repúblicano, encargado de hacer seguimiento a la labor desarrollada por los órganos del sistema de justicia en esta materia y realizar estudios y recomendaciones orientadas a contribuir a la garantía efectiva del derecho a la justicia y reparación de las víctimas de los delitos contra los derechos humanos.

El proyecto de ley está compuesto por 18 artículos, distribuidos en dos capítulos, una disposición transitoria y una disposición final. En el capítulo I se establecen las disposiciones generales, destacando el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los delitos contra los derechos humanos junto a los principios de principios de universalidad, igualdad, indivisibilidad, interdependencia, progresividad, irrenunciabilidad, interculturalidad y corresponsabilidad de los derechos humanos.

En el segundo capítulo, se regula la composición y funcionamiento de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos. En tal sentido, se plantea una Comisión integrada por siete comisionadas y comisionados, designadas y designados por la Asamblea Nacional, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

Cinco de los integrantes de la Comisión son escogidos a partir de su labor en organizaciones de derechos humanos, su trayectoria en la materia de derechos y su acreditada capacidad profesional, ética e integridad.

La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos circunscribe su mandato a las violaciones graves de los derechos humanos, a saber, todos aquellos delitos contra los derechos humanos que impliquen afectaciones a la vida, integridad personal, libertad personal y libertad de conciencia, pensamiento y opinión, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales aplicables.

La Comisión que se crea en esta ley no sustituye a los órganos del sistema justicia en el ejercicio de sus atribuciones y competencias constitucionales. La función de la Comisión es de seguimiento, estudio, evaluación, verificación y recomendación para reforzar la garantía de justicia y reparación, en virtud de lo cual la implementación de sus recomendaciones no exime del necesario cumplimiento del debido proceso y del ejercicio pleno al derecho de la defensa que asiste a cualquier persona conforme a la Constitución y las leyes.

Para garantizar el logro de los objetivos planteados, el proyecto ley prevé que la Comisión cuente con una Secretaría Ejecutiva que actuará como su instancia operativa y dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de sus funciones.

Su organización y funcionamiento será regulada por el Reglamento Interno que se dicte a tal efecto. La Secretaría Ejecutiva, entre otras cosas, podrá acceder a cualquier archivo, registro o expediente llevado ante órganos policiales o de seguridad, del Ministerio Público, del Poder judicial o del sistema de justicia, contentivo de información relacionada con el mandato de la Comisión.

Asimismo, se prevé que la Comisión pueda contar con el apoyo de asesores, asesoras, expertos y expertas internacionales de reconocido prestigio y con credenciales académicas pertinentes, así como destacadas figuras internacionales con experiencia o vinculación en estos temas, a fin de brindar asesoría especializada en función de los objetivos y finalidades establecidas.

Finalmente, en el proyecto de ley se incorporan dos mecanismos importantes para asegurar que la Comisión pueda cumplir adecuadamente con su mandato. Por una parte, se establece el deber de colaboración de todas las autoridades pública con la Comisión y, por la otra, se garantiza el acceso a toda la información y documentación contenida en informes, expedientes y documentos de cualquier índole, que sea requerida en el marco de sus funciones, sin que sea posible oponer reserva alguna.

LEY DE LA COMISIÓN PARA LA GARANTÍA DE JUSTICIA Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS. Artículo 1. Artículo 2. Esta ley tiene por finalidad:. Artículo 3. Esta Ley se fundamenta en los principios de universalidad, igualdad, indivisibilidad, interdependencia, progresividad, irrenunciabilidad, interculturalidad y corresponsabilidad de los derechos humanos.

A tal efecto, la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos cumplirá su función, guiándose por los principios de transparencia, gratuidad, brevedad, imparcialidad, independencia y rendición de cuentas.

Artículo 4. Las disposiciones de esta Ley son de estricto orden público e interés general. En caso de dudas en la interpretación de las disposiciones de esta Ley prevalecerá la que más favorezca al respeto, garantía y protección de los derechos humanos.

Artículo 5. Las acciones judiciales para establecer la responsabilidad penal de los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles. Los delitos contra los derechos humanos serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios y queda excluida toda forma de obstaculización u obstrucción que facilite la impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.

COMISIÓN DE GARANTÍA DE JUSTICIA Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS.

Comisión de Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos. Artículo 6. Se crea la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, como un ente con personalidad jurídica propia, autonomía funcional administrativa y presupuestaria, adscrito al Consejo Moral Republicano, órgano constitucional del Poder Ciudadano.

La Comisión iniciará su ejercicio a partir de su instalación y tendrá un plazo de vigencia de dos años, prorrogables por la Asamblea Nacional. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos podrá denominarse alternativamente como Comisión de Justicia y Reparación.

Artículo 7. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos tiene como funciones:.

Artículo 8. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos circunscribirá su mandato a los presuntos delitos contra los derechos humanos que impliquen afectaciones a la vida, integridad personal física, psíquica y moral, libertad personal y libertad de conciencia, pensamiento y opinión, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Artículo 9. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos tiene una función de seguimiento, estudio, evaluación, verificación y recomendación para reforzar la garantía de justicia y reparación, sin que sustituya las atribuciones y competencias propias del sistema de justicia.

La adopción de las recomendaciones de la Comisión por parte de los órganos del sistema de justicia, no exime del necesario cumplimiento del debido proceso y del ejercicio pleno al derecho de la defensa que asiste a cualquier persona conforme a la Constitución y las leyes.

Artículo La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos estará integrada por siete comisionadas y comisionados, designada y designados por la Asamblea Nacional, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, conforme a los siguientes criterios:.

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