Denegación de Acceso

d prevé una causa inexistente en el indicado artículo Ahora bien, su condición de norma anterior en el tiempo a la LTBG permite entender desplazada esta disposición por la nueva legislación básica estatal 4.

Nunca se dudó, dada la importancia y amplitud de estas causas, que en su interpretación iba, en buena medida, a jugarse la extensión real de ese derecho de acceso a la información tan ampliamente configurado. Transcurridos más de tres años desde la promulgación de la LTBG, dos desde su entrada en vigor, parece un buen momento para hacer balance sobre la aplicación de la norma este punto, en cuyo ámbito ha de prestarse singular atención a la doctrina del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno CTBG , así como a la de los correspondientes organismos autonómicos 5.

Conviene notar, ante todo, cómo la LTBG configura las distintas causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información a partir de conceptos jurídicos indeterminados, lo que dificulta su interpretación, y por tanto su aplicación, a la par que acrecienta la importancia de la labor desarrollada por las diferentes autoridades independientes, reforzada, a su vez, por la falta de desarrollo reglamentario de la LTBG, cuya oportunidad es expresada con frecuencia por el CTBG.

Tan solo la Comisión de Garantía del derecho de acceso a la información pública de Cataluña evita cualquier referencia a esos Criterios dictados por el CTBG aunque, como veremos, su interpretación sobre las diferentes causas de inadmisión no difiere sustancialmente de la mantenida por el Consejo estatal y el resto de entidades autonómicas.

De esta forma, la inadmisión solo podrá producirse ante la presencia clara y fundada de alguno de esos motivos; circunstancia que la resolución que la declare viene obligada a motivar por imperativo del artículo Finalmente cabe, en este plano general, destacar que algunas disposiciones autonómicas sobre transparencia —así las Leyes de Canarias, Murcia, Aragón o Castilla-La Mancha- han dispuesto el plazo, diez días hábiles en el primero de los casos, veinte en el segundo y tercero y un mes en el cuarto, en el que el órgano que ha de facilitar la información ha de declarar y notificar, en su caso, la resolución de inadmisión 20 , lo que, como ya han advertido S.

FERNÁNDEZ RAMOS y J. PÉREZ MONGUIÓ, plantea la duda de las consecuencias de su incumplimiento, ante lo que, según indican, parece aplicable la regla general del artículo Una solución válida naturalmente para aquellos sujetos vinculados por la LTBG que estén, a su vez, incluidos en el ámbito de aplicación de la LPAC.

LA INFORMACIÓN EN CURSO DE ELABORACIÓN O PUBLICACIÓN GENERAL. Esta primera causa de inadmisión de las solicitudes de acceso, recogida en la letra a del artículo Con precedentes claros en los artículos 4. Las hipótesis amparadas por el artículo a de la LTBG deben ser diferenciadas de aquéllas otras en las que la información ni existe ni está en proceso de creación 28 ; así como, de otra parte, de los supuestos en los que la información sí existe pero para poder ser facilitada precisa de una previa actuación sobre ella por parte del sujeto obligado, casos en los que, como veremos, operará otra de las causas de inadmisión establecida en el artículo Estamos ante una previsión, objeto de valoraciones dispares por la doctrina 29 y que obedece, sin duda, al deseo de aliviar de trabajo a las Administraciones Públicas y demás sujetos vinculados por la LTBG, al permitirles negar una información que, concluido ese proceso, será ya accesible para todos.

La propia LTBG dispone en su artículo La Ley catalana, por su parte, concreta en su artículo c el plazo, tres meses, en el que la información ha de estar publicada y elaborada.

Una última, aunque no menos importante, cuestión de interés que plantea esta causa es la relativa a su misma extensión. En este sentido, cabe reseñar la interpretación que de ella ofrecen S. FERNÁDEZ RAMOS y J. No falta, desde luego, razón a los autores en su denuncia aunque habrá que estar atentos a la interpretación que puedan ofrecer las instancias encargadas de la aplicación de la norma pues la cuestión no está resuelta.

El artículo Esta causa, especialmente cuestionada tanto durante la elaboración de la Ley 36 como tras su aprobación 37 , suscita, desde luego, dudas interpretativas importantes ante la inexistencia en la propia disposición de una definición de la información así calificada y la indeterminación, en ausencia igualmente de previsiones normativas al respecto, de los documentos en los que el precepto ejemplifica la información de esta clase: las notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos.

De esta forma, la LTBG deja, en espera de la concreción que puedan efectuar futuros desarrollos reglamentarios, muy abierta la delimitación de la información auxiliar o de apoyo, de ahí la importancia, puesta ya de manifiesto durante la tramitación de la norma, de su razonable aplicación y la trascendencia que, en este ámbito, había de tener, y así ha venido a confirmarlo el tiempo transcurrido, la actuación de los organismos competentes para las reclamaciones en esta materia.

b de la LTBG o, si se prefiere, abiertamente favorable al ejercicio del derecho de acceso. Aunque no es fácil sintetizar, ante el elevado número de resoluciones existentes y la propia heterogeneidad de las peticiones de acceso que resuelven, la doctrina de este Consejo y de sus homólogos autonómicos, es posible, sin embargo, extraer algunas reglas o principios básicos.

Se impone, pues, el examen, en cada caso, de la información cuyo carácter auxiliar se alega, al objeto de decidir sí, efectivamente, cuenta o no con dicha naturaleza.

B La enumeración del artículo Ha de tenerse en cuenta, en este sentido, que en las Leyes de Transparencia vigentes, el derecho de acceso, a diferencia de lo que sucedía en aplicación del artículo 37 de la derogada LRJ-PAC, no está supeditado a la inclusión de la información en un expediente administrativo.

Una exigencia que, como ha expuesto ya S. FERNÁNDEZ RAMOS, no cabe derivar tampoco del artículo En otros términos, debe rechazarse una eventual interpretación conjunta de los artículos b de la LTBG y Quizás fuera oportuno, no obstante, que el CTBG, al igual que las entidades autonómicas, declararan expresamente que el precepto de la nueva LPAC en nada afecta a la causa de inadmisión prevista en artículo Cuando contenga opiniones o valoraciones personales del autor que no manifiesten la posición de un órgano o entidad.

Cuando lo solicitado sea un texto preliminar o borrador sin la consideración de final. Cuando se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud.

Cuando la solicitud se refiera a comunicaciones internas que no constituyan trámites del procedimiento. Opta así el Consejo, en un esfuerzo realmente meritorio aunque exento de críticas 48 , por aislar las características propias de la información de esta clase. Ahora bien, el examen de las muchas resoluciones que aplican esta causa de inadmisión revela, al igual que ocurre con el de las dictadas por los organismos autonómicos, que el criterio verdaderamente determinante para la inclusión de determinada información en el ámbito de aplicación del artículo Puede así concluirse que la naturaleza auxiliar o de apoyo de determinada información no deriva de ningún dato o elemento cualitativo, de sus posibles características objetivas; depende, en último término, de la significación que pueda tener para el conocimiento de cómo se ha adoptado determinada decisión en una valoración en la que ha de reconocerse que las autoridades de transparencia disponen de un amplio margen de apreciación en su decisión, pues pueden mostrarse más o menos proclive a admitir la relevancia de una información en esa amplia franja en la que, en función de en dónde sitúen el listón, la información puede caer lo mismo de un lado que del otro, ser o no considerada auxiliar o de apoyo.

Desde luego, y hasta la fecha, se aprecia una interpretación por su parte claramente favorable al ejercicio del derecho o, lo que es lo mismo, reacia, por lo general, al reconocimiento de la causa de inadmisión 52 , con lo que pueden considerarse disipados los temores de quienes barruntaban una posible interpretación extensiva del artículo b de la LTBG que diera al traste con el derecho de acceso a buena parte de la información en poder concretamente de las Administraciones Públicas.

Entre la información auxiliar o de apoyo a la que se refiere el artículo Algunas Leyes autonómicas han precisado la causa de exclusión al negar expresamente la condición de información e este carácter a los informes preceptivos.

También bajo la influencia quizás de la norma andaluza, y aun cuando se aprobara unos días antes, esta misma regla es recogida por el artículo Ahora bien, frente al criterio legal parece existir una extendida opinión doctrinal partidaria también de excluir de la información auxiliar, aun cuando no sean preceptivos, a los informes que se emiten por mandato normativo y forman parte del procedimiento administrativo resultando relevantes para conocer la motivación de la decisión adoptada Una solución que se puede decir que es la que finalmente se ha impuesto en la doctrina de los organismos de transparencia y que es la que ha quedado recogida en el artículo En definitiva, un informe no preceptivo y que no se ha incorporado a la motivación final del acto podrá ser considerado, a los efectos de la aplicación del artículo b , información auxiliar o de apoyo 61 , aunque también, y en función de las circunstancias y características de cada caso, podrá carecer de esta condición si se estima relevante para el conocimiento de la actuación pública.

En definitiva, la doctrina de las autoridades independientes en materia de transparencia muestra una posición común, aquella que sitúa en la relevancia de los informes para la satisfacción de los objetivos que inspiran la regulación legal el criterio determinante para su inserción o no en el ámbito de la información auxiliar o de apoyo, circunstancia que, en todo caso, niegan a los informes preceptivos, así como, en general, a todos los que sirvan para conocer el proceso de toma de decisiones por los sujetos obligados a facilitar la información o la rendición de sus cuentas.

De hecho, y hasta la fecha, se aprecia una interpretación claramente favorable al acceso a los informes al margen de su carácter preceptivo o facultativo.

Una interpretación muy lejana, por tanto, de la que, en apariencia, pudiera derivar de una lectura contrario sensu de aquellas disposiciones autonómicas que solo niegan la condición de auxiliar a los informes preceptivos en el mismo sentido en el que lo hace, ante el silencio de la LTBG, el CTBG en su Criterio Interpretativo sobre esta causa de inadmisión.

Esta causa de inadmisión, recogida en la letra c del artículo Aun así han de reconocerse las dificultades que se presentan en la aplicación de un motivo de inadmisión cuya interpretación resulta decisiva para la propia extensión del derecho de acceso y, en última instancia, del grado de transparencia de los poderes públicos en su actuación.

En estas condiciones no era difícil vaticinar, y así ha sido, que el concepto de reelaboración de la información habría de centrar buena parte de los esfuerzos del CTBG y de sus homólogos autonómicos en el análisis del artículo Una doctrina que debe completarse con la establecida por los organismos autonómicos de la que puede, no obstante, anticiparse que no aporta novedades relevantes en relación con lo dispuesto por el Consejo estatal, lo que no es de extrañar dado que, en la generalidad de los casos, resuelven a partir de lo recogido en ese Criterio.

Es de esperar además que muy pronto podamos disponer también de la interpretación ofrecida por los Juzgados y Tribunales que empiezan a dictar sus primeras sentencias en la materia Su concreción a partir de su diferenciación de otras figuras afines.

Existen supuestos con los que, según establece el CTBG en su Criterio Interpretativo, la reelaboración pudiera confundirse pero que, sin embargo, no constituyen hipótesis de esta naturaleza.

Más adelante analizaremos estas hipótesis. La delimitación en términos positivos de la reelaboración de la información. La aplicación de la causa de inadmisión procede así en supuestos en los que, existiendo la información, no puede proporcionarse sin una previa actuación dirigida a tal fin por parte del sujeto que ha de proporcionarla; lo que es lo mismo, en hipótesis en las que la información no es accesible en los términos que pretende el solicitante Dos supuestos, como es notorio, de naturaleza diferente dado, que si el primero se basa en un dato cualitativo de aplicación uniforme en el conjunto de sujetos vinculados por la LTBG, la información se encuentra distribuida en diferentes fuentes; el segundo, por el contrario, llama a una valoración ad hoc a los efectos de determinar, ante cada caso planteado, si ese sujeto dispone o no de los medios necesarios para tratar la información, con el resultado posible de que una misma información podrá ser o no accesible dependiendo de la capacidad, de los recursos de cada uno de ellos Las resoluciones del CTBG en esta materia permiten comprobar que ésta es una situación que, a su juicio, se produce cuando la información se halla dispersa tanto desde un punto de vista subjetivo como objetivo.

Es la tesis que ha mantenido ante las muchas peticiones de acceso a la información dirigidas a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre distintos extremos del funcionamiento de las cárceles y situación de la población reclusa.

Así sucede también en otros supuestos en los que ha quedado acreditado que la información solicitada se encuentra "en las Unidades de Recaudación ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social distribuidas en todo el territorio nacional" 79 , en los diversos centros que efectúan la inspección técnica de vehículos 80 , o en las distintas dependencias de la Guardia civil Así sucede ante determinadas peticiones dirigidas a la Administración del Estado sobre informaciones de contenido normalmente estadístico y que está tendría que elaborar a partir de la proporcionada por Administraciones distintas, normalmente la autonómica, competentes en la materia No obstante, y con carácter general, debe advertirse cómo ante solicitudes de información dirigidas a sujetos que carecen de ella por no ser los competentes, éstos, en cumplimiento del artículo Otro supuesto de posible reelaboración que se ha planteado con frecuencia es, en segundo lugar, el que se produce en los casos en los que la información, aun estando en poder del órgano o entidad que ha de ofrecerla, ha de extraerse de una pluralidad de procedimientos, expedientes o soportes de otro tipo, normalmente, base de datos.

Serían los casos de dispersión de la información desde el punto de vista objetivo. Resoluciones de ésta y otras entidades revelan, en efecto, su aceptación de la causa de inadmisión en hipótesis en las que la información ha de extraerse de fuentes diversas Todo dependerá de las circunstancias de cada caso, pues es evidente que la admisión de este supuesto de reelaboración depende, en último término, de la valoración que sobre los medios existentes en relación con el objeto de cada solicitud efectúen, primero, el sujeto requerido a facilitar la información y, llegado el caso, el CTBG.

Ahora bien, en la doctrina de algunas de estas Autoridades independientes se aprecia un notable esfuerzo encaminado a delimitar aquellas actuaciones que pudieran quedar objetivamente incluidas en el concepto de reelaboración.

Finalmente en que es la Administración, sobre ella recae la carga de la prueba, la que ha de acreditar de manera suficiente la necesidad de realizar una tarea de tales características Desde luego, no pueden ocultarse las dificultades existentes ante cualquier intento de concreción del contenido propio de esa acción de reelaboración a la que la Ley vincula la causa de inadmisión, ni puede negarse la necesidad de resolver siempre en función de las características propias de cada supuesto concreto en el que se plantee esta causa.

Ahora bien, parece imprescindible avanzar, y en este sentido debe ser justamente ponderada la actuación de las entidades autonómicas, en especial la de la catalana, en la delimitación objetiva de los supuestos de esta naturaleza si no desea, y así parece que debe ser, que la estimación de la causa de inadmisión dependa prácticamente del juicio, de la valoración que, en cada momento y sin otro criterio, en última instancia, que el de los medios disponibles, efectúen los distintos sujetos obligados a facilitar la información y las autoridades de transparencia.

Recuerda además que, en cumplimiento del artículo 5. No son muchas las ocasiones en las que el CTBG ha debido de pronunciarse sobre posibles supuestos de reelaboración fundados en la transformación del formato de la información, concluyendo en todos los casos en la desestimación de la causa de inadmisión De entrada, porque no son ni muchos menos excepcionales los supuestos en los que el Consejo admite la existencia de reelaboración de la información en hipótesis en las que ésta figura en una sola fuente y puede técnicamente extraerse, en hipótesis, por tanto, que no encajan en ninguno de esos casos en los que dicho Criterio identifica una acción de esta naturaleza.

Y así puede seguir afirmándose en contra de lo que pudiera resultar de una interpretación literal de los términos de ese Criterio El examen, de otra parte, de la doctrina del CTBG permite comprobar cómo, en último término, el criterio determinante para la admisión de un supuesto de reelaboración de la información viene dado por los medios de los que dispone el sujeto obligado a ofrecerla.

Sus resoluciones, en contra de lo que parece apuntar el Criterio Interpretativo, no han ido en la línea, ya seguida por algunos organismos autonómicos con base en lo dispuesto en su propia legislación, de depurar posibles tratamientos de la información que, por sus características objetivas, pudieran incardinarse en el concepto de reelaboración.

Para el CTBG lo verdaderamente relevante, en último término, es si dicho sujeto dispone o no de los medios suficientes para ello de acuerdo con el propio objeto de la solicitud de acceso, lo que supone, en definitiva, que la extensión de la causa de inadmisión, y por tanto la del propio derecho, podrá resultar muy desigual en función de cuál sea la entidad u organismo vinculado por la norma.

En cualquier caso, ha de reconocerse que, hasta la fecha, ha mantenido una postura claramente favorable al ejercicio del derecho de acceso fundada en una interpretación claramente restrictiva de la causa de inadmisión.

El precepto finalmente aprobado suscita, no obstante, algunos reparos. Esto es, si el órgano que recibe la solicitud desconoce, como señala el artículo El legislador autonómico que respecto de otras causas de inadmisión contribuye a delimitar su contenido, aquí reproduce, así acaso, lo dispuesto en esta norma incurriendo, por consiguiente, en igual contradicción La inadmisión de las solicitudes de acceso en aplicación del artículo d cuenta igualmente con la interpretación del CTBG que, en distintas resoluciones —sobre ella no ha dictado ningún Criterio Interpretativo-, ha dejado establecido su ámbito de aplicación y determinado sus diferencias con los supuestos previstos en la disposición siguiente.

En conclusión, los artículos Interesa advertir, además, que la doctrina expuesta parece suceder a una anterior, en la que el Consejo, sin plantearse, como hará más tarde, las conexiones existentes entre los artículos Desde luego, la aplicación aislada del artículo 18 confiere a este motivo de inadmisión una amplitud que se ve estrechamente reducida, cuando no prácticamente anulada, al ponerse en conexión con el artículo En todo caso, estamos ante una causa de inadmisión mucho menos frecuente en su aplicación que las anteriores examinadas De hecho, las instancias autonómicas no han tenido apenas oportunidad de pronunciarse sobre ella.

e de la LTBG. Es claro, en cualquier caso, que su estimación dependerá del análisis y valoración de las circunstancias concurrentes en cada uno de los supuestos que se planteen. En primer término, por el propio sujeto llamado a ofrecer la información; y, en su caso, por el CTBG o entidad autonómica que disponga de la competencia.

Los organismos autonómicos de transparencia comparten la interpretación de esta causa de inadmisión que efectúa el Consejo estatal , si bien, como es el caso concretamente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, intentan avanzar en la delimitación de reglas que faciliten su aplicación, garantía, a su vez, de seguridad jurídica.

De las dificultades existentes en la interpretación de este supuesto da cuenta el hecho de que las posibles inadmisiones basadas en el carácter abusivo de la solicitud han sido mucho más frecuentes y controvertidas que las fundadas en su condición de manifiestamente repetitivas.

Ahora bien, es verdad también que, en la mayoría de las ocasiones, el CTBG ha negado que concurra la causa de inadmisión Otras entidades, como el Comisionado de Transparencia de Canarias o las Comisiones de Transparencia de Castilla y León o Galicia resuelven igualmente siguiendo la interpretación efectuada por el Consejo estatal Interesa finalmente destacar que la Comisión de Garantías del Derecho de acceso a la información pública de Cataluña estima que esta causa no es aplicable a las Administraciones Públicas y demás sujetos vinculados por la Ley autonómica, toda vez que su artículo Ahora bien, el que estemos ante una causa inaplicable a los sujetos incorporados al ámbito de aplicación de la norma catalana, no significa que esta Comisión no haya tenido que enfrentarse a solicitudes de acceso que se habían inadmitido con base en su carácter repetitivo o, más frecuentemente, abusivo, circunstancia que, a juicio de la Comisión, sólo se podrá invocar en caso de abuso de derecho justificado en la persecución de una finalidad ilegítima con el acceso como pueden ser "la pretensión de paralización de los servicios administrativos, la coacción o presión indebida de la Administración" , la pretensión "de sobrecargar de trabajo a una Administración concreta y forzarla así la consecución de una determinada actuación administrativa" No era por ello difícil de predecir, y así ha sido, que la interpretación del artículo La relevancia de su labor se ve además acrecentada por la configuración legal de las distintas causas de inadmisión a partir de conceptos jurídicos indeterminados precisados de la debida concreción, y reforzada, a su vez, por la falta, a pesar del tiempo transcurrido, del necesario desarrollo reglamentario de la LTBG, reiteradamente reivindicado, por cierto, por el propio organismo.

Aun así, no puede dejar de reconocerse que estos sujetos disponen de un importante margen de apreciación sobre la concurrencia o no, ante las circunstancias particulares de cada caso, de alguna de esas causas, decisión que, como la propia Ley impone, ha de contar con la correspondiente motivación en una valoración sometida al control de las autoridades de transparencia y, en última instancia, al de los tribunales.

En su enjuiciamiento de las resoluciones de inadmisión, el CTBG —y también los organismos autonómicos- muestran, hasta ahora, una postura abiertamente favorable al ejercicio del derecho de acceso a partir de una interpretación claramente restrictiva de los diversos supuestos recogidos en el artículo Ahora bien, el análisis de la doctrina del CTBG deja, junto a estos extremos claramente positivos, alguna idea para la reflexión.

Y es que se observa cómo no siempre existe la debida adecuación entre las reglas establecidas con carácter general en los Criterios Interpretativos dictados y la forma en la que se resuelven muchos de los supuestos planteados.

Quizás resulte oportuna, tras el tiempo transcurrido y la experiencia adquirida, alguna reflexión y, en su caso, alguna matización o alteración de lo dispuesto en esos Criterios.

De esta forma, podrá continuar avanzándose, tras el magnífico trabajo ya realizado, en la consecución del objetivo que inspira la regulación legal: la implantación de un auténtico principio de transparencia de la actividad pública.

El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso.

La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.

Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. En este último supuesto, se indicará expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo del artículo Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud.

Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de este título establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna.

En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán las siguientes funciones:. a Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del título I de esta Ley.

c Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada. d Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información.

f Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia. g Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano.

h Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta Ley. El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este título identificarán claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso.

El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.

Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.

Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.

El acceso a la información será gratuito. La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.

f sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.

Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados.

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo. La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley.

En el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de este título se aplicarán a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella.

A estos efectos, se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la normativa en materia de conflictos de intereses.

Este título será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.

La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones contenidas en este título no afectará, en ningún caso, a la condición de cargo electo que pudieran ostentar. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas.

º Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general. º Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios.

º Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular. º Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.

º Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos. º Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección. º Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.

º Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses.

º Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias. º Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.

º Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones.

º No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad. º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones.

En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente.

º Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación. º No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales. Los principios establecidos en este artículo informarán la interpretación y aplicación del régimen sancionador regulado en este título.

El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de este título será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado y para el resto de Administraciones de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicación.

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean culpables:. a La incursión en alcance en la administración de los fondos públicos cuando la conducta no sea subsumible en ninguno de los tipos que se contemplan en las letras siguientes.

b La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro. d La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando ésta resulte preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención, regulado en la normativa presupuestaria.

f El incumplimiento de la obligación de destinar íntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública de conformidad con lo previsto en el artículo i La suscripción de un Convenio de colaboración o concesión de una subvención a una Administración Pública que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas previsto en el artículo k El incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información previstas en la normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este último caso se hubiera formulado requerimiento.

l La falta de justificación de la desviación, o cuando así se le haya requerido la falta de inclusión de nuevas medidas en el plan económico-financiero o en el plan de reequilibrio de acuerdo con el artículo ñ La no adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la no constitución del depósito que se hubiere solicitado o la falta de ejecución de las medidas propuestas por la Comisión de Expertos cuando se hubiere formulado el requerimiento del Gobierno previsto en el artículo o El incumplimiento de las instrucciones dadas por el Gobierno para ejecutar las medidas previstas en el artículo a El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus funciones.

b Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.

c La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. d La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. e La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.

f El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. g La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

h La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. i La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. j La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

l La comisión de una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones graves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa. b La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.

c La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan infracción muy grave. d No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.

e El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.

f La comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones leves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa.

b El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los principios de actuación del artículo b cuando ello no constituya infracción grave o muy grave o la conducta no se encuentre tipificada en otra norma.

Por la comisión de una infracción grave se impondrán al infractor algunas de las siguientes sanciones:. a La declaración del incumplimiento y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial que corresponda. b La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo.

En el caso de las infracciones muy graves, se impondrán en todo caso las sanciones previstas en el apartado anterior. Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente.

La comisión de infracciones muy graves, graves o leves se sancionará de acuerdo con los criterios recogidos en el artículo c Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción.

d Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pública respectiva. e La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa.

En la graduación de las sanciones se valorará la existencia de perjuicios para el interés público, la repercusión de la conducta en los ciudadanos, y, en su caso, la percepción indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles.

Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal.

Cuando los hechos estén tipificados como infracción en una norma administrativa especial, se dará cuenta de los mismos a la Administración competente para la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, suspendiéndose las actuaciones hasta la terminación de aquel.

En todo caso la comisión de las infracciones previstas en el artículo 28 conllevará las siguientes consecuencias:. a La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de los ciudadanos.

La responsabilidad será exigida en procedimiento administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas por si procediese, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable.

a Cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

b Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración General del Estado distintas de los anteriores, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. c Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración autonómica o local, la orden de incoación del procedimiento se dará por los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento.

En los supuestos previstos en las letras a y b del apartado anterior, la instrucción de los correspondientes procedimientos corresponderá a la Oficina de Conflictos de Intereses.

En el supuesto contemplado en el apartado c la instrucción corresponderá al órgano competente en aplicación del régimen disciplinario propio de la Comunidad Autónoma o Entidad Local correspondiente. a Al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.

b Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado. c Cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales, los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de Administraciones en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento o, en su caso, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la Entidad Local de que se trate.

Las resoluciones que se dicten en aplicación del procedimiento sancionador regulado en este título serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este título será de cinco años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.

Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por infracciones graves a los tres años y las que sean consecuencia de la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de un año.

Estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

El Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno estará compuesto por los siguientes órganos:. b El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será también de su Comisión. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá todas las competencias que le asigna esta Ley, así como aquellas que les sean atribuidas en su normativa de desarrollo.

La condición de miembro de la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a remuneración con excepción de lo previsto en el artículo siguiente. Al menos una vez al año, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno convocará a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias.

A esta reunión podrá ser convocado un representante de la Administración Local propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un período no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación.

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesará en su cargo por la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción del correspondiente procedimiento por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.

Para la consecución de sus objetivos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene encomendadas las siguientes funciones:. a Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley.

b Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. c Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto.

d Evaluar el grado de aplicación de esta Ley. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.

e Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. f Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley.

g Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga. h Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá las siguientes funciones:. a Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley.

b Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el capítulo II del título I de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de esta Ley.

c Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de esta Ley. d Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información.

e Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el título II de esta Ley. El órgano competente deberá motivar, en su caso, su decisión de no incoar el procedimiento.

g Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se regirá, además de por lo dispuesto en esta Ley, por:.

Anualmente elaborará un anteproyecto de presupuesto con la estructura que establezca el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su elevación al Gobierno y su posterior integración en los Presupuestos Generales del Estado.

El Consejo de Ministros aprobará mediante Real Decreto el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el que se establecerá su organización, estructura, funcionamiento, así como todos los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

El personal laboral podrá desempeñar puestos de trabajo que se ajusten a la normativa de función pública de la Administración General del Estado. Asimismo, el personal que pase a prestar servicios en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante los procedimientos de provisión previstos en la Administración General del Estado mantendrá la condición de personal funcionario o laboral, de acuerdo con la legislación aplicable.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contará para el cumplimiento de sus fines con los siguientes bienes y medios económicos:.

a Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargos a los Presupuestos Generales del Estado. b Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas del mismo.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comparecerá ante la Comisión correspondiente para dar cuenta de tal memoria, así como cuantas veces sea requerido para ello.

La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.

En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización. La Administración General del Estado acometerá una revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa de su ordenamiento jurídico.

Para ello, habrá de efectuar los correspondientes estudios, derogar las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer la elaboración de un texto refundido, de conformidad con las previsiones constitucionales y legales sobre competencia y procedimiento a seguir, según el rango de las normas que queden afectadas.

A tal fin, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes elaborará un Plan de Calidad y Simplificación Normativa y se encargará de coordinar el proceso de revisión y simplificación normativa respecto del resto de Departamentos ministeriales. Las Secretarías Generales Técnicas de los diferentes Departamentos ministeriales llevarán a cabo el proceso de revisión y simplificación en sus ámbitos competenciales de actuación, pudiendo coordinar su actividad con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que, en ejercicio de las competencias que le son propias y en aplicación del principio de cooperación administrativa, lleven a cabo un proceso de revisión de sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el título I de esta Ley, las corporaciones de Derecho Público podrán celebrar convenios de colaboración con la Administración Pública correspondiente o, en su caso, con el organismo que ejerza la representación en su ámbito concreto de actividad.

La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, contra las resoluciones dictadas por las Asambleas Legislativas y las instituciones análogas al Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo en el caso de esas mismas reclamaciones sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.

Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias.

Las Ciudades con Estatuto de Autonomía podrán designar sus propios órganos independientes o bien atribuir la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, celebrando al efecto un Convenio en los términos previstos en el apartado anterior.

La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno será el órgano competente para tramitar el procedimiento mediante en el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey, así como para conocer de cualquier otra cuestión que pudiera surgir derivada de la aplicación por este órgano de las disposiciones de esta Ley.

El Gobierno aprobará un plan formativo en el ámbito de la transparencia dirigido a los funcionarios y personal de la Administración General del Estado, acompañado, a su vez, de una campaña informativa dirigida a los ciudadanos.

El Gobierno incorporará al sector público estatal en el Plan Nacional de Responsabilidad Social Corporativa. El Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas regularán en sus respectivos reglamentos la aplicación concreta de las disposiciones de esta Ley.

Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación.

En relación con los bienes patrimoniales, se publicará una declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos altos cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares.

A estos efectos, la Intervención General de la Administración del Estado determinará el contenido mínimo de la información a publicar. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, las Universidades no transferidas, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se regirán por su legislación específica y supletoriamente por esta Ley.

El Gobierno adoptará las medidas necesarias para optimizar el uso de los medios técnicos y humanos que se adscriban al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Reglamentariamente podrá autorizarse la no aplicación de todas o algunas de las medidas de diligencia debida o de conservación de documentos en relación con aquellas operaciones ocasionales que no excedan de un umbral cuantitativo, bien singular, bien acumulado por periodos temporales.

Los sujetos obligados podrán aplicar, en los supuestos y con las condiciones que se determinen reglamentariamente, medidas simplificadas de diligencia debida respecto de aquellos clientes, productos u operaciones que comporten un riesgo reducido de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

Aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida. La aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida será graduada en función del riesgo, con arreglo a los siguientes criterios:. a Con carácter previo a la aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida respecto de un determinado cliente, producto u operación de los previstos reglamentariamente, los sujetos obligados comprobarán que comporta efectivamente un riesgo reducido de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

b La aplicación de las medidas simplificadas de diligencia debida será en todo caso congruente con el riesgo. Los sujetos obligados no aplicarán o cesarán de aplicar medidas simplificadas de diligencia debida tan pronto como aprecien que un cliente, producto u operación no comporta riesgos reducidos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

c Los sujetos obligados mantendrán en todo caso un seguimiento continuo suficiente para detectar operaciones susceptibles de examen especial de conformidad con lo prevenido en el artículo Los sujetos obligados aplicarán las medidas reforzadas de diligencia debida previstas en este artículo en las relaciones de negocio u operaciones de personas con responsabilidad pública.

a Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes por elección, nombramiento o investidura en otros Estados miembros de la Unión Europea o terceros países, tales como los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública.

b Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el Estado español, tales como los altos cargos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado; los parlamentarios nacionales y del Parlamento Europeo; los magistrados del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los consejeros del Tribunal de Cuentas y del Banco de España; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; y los directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una organización internacional, con inclusión de la Unión Europea.

c Asimismo, tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el ámbito autonómico español, como los Presidentes y los Consejeros y demás miembros de los Consejos de Gobierno, así como los altos cargos y los diputados autonómicos y, en el ámbito local español, los alcaldes, concejales y demás altos cargos de los municipios capitales de provincia o de capital de Comunidad Autónoma de las Entidades Locales de más de Ninguna de estas categorías incluirá empleados públicos de niveles intermedios o inferiores.

En relación con los clientes o titulares reales que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes por elección, nombramiento o investidura en otros Estados miembros de la Unión Europea o en un país tercero, los sujetos obligados, además de las medidas normales de diligencia debida, deberán en todo caso:.

a Aplicar procedimientos adecuados de gestión del riesgo a fin de determinar si el cliente o el titular real es una persona con responsabilidad pública. Dichos procedimientos se incluirán en la política expresa de admisión de clientes a que se refiere el artículo b Obtener la autorización del inmediato nivel directivo, como mínimo, para establecer o mantener relaciones de negocios.

c Adoptar medidas adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los fondos. Los sujetos obligados, además de las medidas normales de diligencia debida, deberán aplicar medidas razonables para determinar si el cliente o el titular real desempeña o ha desempeñado alguna de las funciones previstas en los párrafos b y c del apartado primero de este artículo.

Se entenderá por medidas razonables la revisión, de acuerdo a los factores de riesgo presentes en cada caso, de la información obtenida en el proceso de diligencia debida. En el caso de relaciones de negocio de riesgo más elevado, los sujetos obligados aplicarán las medidas previstas en los párrafos b , c y d del apartado precedente.

Los sujetos obligados aplicarán las medidas establecidas en los dos apartados anteriores a los familiares y allegados de las personas con responsabilidad pública.

A los efectos de este artículo tendrá la consideración de familiar el cónyuge o la persona ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, así como los padres e hijos, y los cónyuges o personas ligadas a los hijos de forma estable por análoga relación de afectividad.

Se considerará allegado toda persona física de la que sea notorio que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos conjuntamente con una persona con responsabilidad pública, o que mantenga otro tipo de relaciones empresariales estrechas con la misma, o que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos que notoriamente se haya constituido en beneficio de la misma.

Los sujetos obligados aplicarán medidas razonables para determinar si el beneficiario de una póliza de seguro de vida y, en su caso, el titular real del beneficiario, es una persona con responsabilidad pública con carácter previo al pago de la prestación derivada del contrato o al ejercicio de los derechos de rescate, anticipo o pignoración conferidos por la póliza.

En el caso de identificar riesgos más elevados, los sujetos obligados, además de las medidas normales de diligencia debida, deberán:. a Informar al inmediato nivel directivo, como mínimo, antes de proceder al pago, rescate, anticipo o pignoración.

b Realizar un escrutinio reforzado de la entera relación de negocios con el titular de la póliza. c Realizar el examen especial previsto en el artículo 17 a efectos de determinar si procede la comunicación por indicio de conformidad con el artículo Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en los apartados anteriores, cuando, por concurrir las circunstancias previstas en el artículo 17, proceda el examen especial, los sujetos obligados adoptarán las medidas adecuadas para apreciar la eventual participación en el hecho u operación de quien ostente o haya ostentado en España la condición de cargo público representativo o alto cargo de las Administraciones Públicas, o de sus familiares o allegados.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, cuando las personas contempladas en los apartados precedentes hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados continuarán aplicando las medidas previstas en este artículo por un periodo de dos años.

Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 26, con el siguiente tenor literal:. Las medidas de control interno se establecerán a nivel de grupo, con las especificaciones que se determinen reglamentariamente. A efectos de la definición de grupo, se estará a lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio.

Las sanciones financieras establecidas por las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relativas a la prevención y supresión del terrorismo y de la financiación del terrorismo, y a la prevención, supresión y disrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y de su financiación, serán de obligada aplicación para cualquier persona física o jurídica en los términos previstos por los reglamentos comunitarios o por acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad.

Sin perjuicio del efecto directo de los reglamentos comunitarios, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, podrá acordar la aplicación de contramedidas financieras respecto de países terceros que supongan riesgos más elevados de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El acuerdo de Consejo de Ministros, que podrá adoptarse de forma autónoma o en aplicación de decisiones o recomendaciones de organizaciones, instituciones o grupos internacionales, podrá imponer, entre otras, las siguientes contramedidas financieras:.

a Prohibir, limitar o condicionar los movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, así como las transferencias, de o hacia el país tercero o de nacionales o residentes del mismo. b Someter a autorización previa los movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, así como las transferencias, de o hacia el país tercero o de nacionales o residentes del mismo.

c Acordar la congelación o bloqueo de los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas nacionales o residentes del país tercero. d Prohibir la puesta a disposición de fondos o recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas nacionales o residentes del país tercero.

e Requerir la aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida en las relaciones de negocio u operaciones de nacionales o residentes del país tercero.

f Establecer la comunicación sistemática de las operaciones de nacionales o residentes del país tercero o que supongan movimientos financieros de o hacia el país tercero.

g Prohibir, limitar o condicionar el establecimiento o mantenimiento de filiales, sucursales u oficinas de representación de las entidades financieras del país tercero. h Prohibir, limitar o condicionar a las entidades financieras el establecimiento o mantenimiento de filiales, sucursales u oficinas de representación en el país tercero.

i Prohibir, limitar o condicionar las relaciones de negocio o las operaciones financieras con el país tercero o con nacionales o residentes del mismo. j Prohibir a los sujetos obligados la aceptación de las medidas de diligencia debida practicadas por entidades situadas en el país tercero.

k Requerir a las entidades financieras la revisión, modificación y, en su caso, terminación, de las relaciones de corresponsalía con entidades financieras del país tercero. l Someter las filiales o sucursales de entidades financieras del país tercero a supervisión reforzada o a examen o auditoría externos.

m Imponer a los grupos financieros requisitos reforzados de información o auditoría externa respecto de cualquier filial o sucursal localizada o que opere en el país tercero. Competerá al Servicio Ejecutivo de la Comisión la supervisión e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Se da nueva redacción al artículo u , con el siguiente tenor literal:. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, podrá dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta Ley.

El Consejo de Ministros aprobará, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta Ley en el «Boletín Oficial del Estado», un Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos ª, ª y ª de la Constitución. Se exceptúa lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 6, el artículo 9, los apartados 1 y 2 del artículo 10, el artículo 11, el apartado 2 del artículo 21, el apartado 1 del artículo 25, el título III y la disposición adicional segunda.

La entrada en vigor de esta ley se producirá de acuerdo con las siguientes reglas:. Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. Criterio de ordenación: por contenido por fecha.

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Está Vd. en Inicio Buscar Documento BOE-A Ver texto consolidado Publicado en: « BOE » núm. Sección: I. Texto TEXTO ORIGINAL JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: ÍNDICE Preámbulo. Título preliminar. Artículo 1. Título I. Transparencia de la actividad pública. Capítulo I. Ámbito subjetivo de aplicación. Artículo 2.

Artículo 3. Otros sujetos obligados. Artículo 4. Obligación de suministrar información. Capítulo II. Publicidad activa. Artículo 5. Principios generales. Artículo 6. Información institucional, organizativa y de planificación.

Artículo 7. Información de relevancia jurídica. Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística. Artículo 9. Artículo Portal de la Transparencia. Principios técnicos. Capítulo III. Derecho de acceso a la información pública. Sección 1. ª Régimen general. Información pública.

Límites al derecho de acceso. Protección de datos personales. Acceso parcial. Sección 2. ª Ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Solicitud de acceso a la información. Causas de inadmisión.

Unidades de información. Formalización del acceso. Sección 3. ª Régimen de impugnaciones. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Título II. Buen gobierno. Ámbito de aplicación.

Principios de buen gobierno. Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses. Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria.

Audiencia: Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Tal y como se dijo en la Resolución / del TACRC, el derecho de acceso al expediente encuentra su fundamento en la necesidad de conocer

Tal y como se dijo en la Resolución / del TACRC, el derecho de acceso al expediente encuentra su fundamento en la necesidad de conocer ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Algunas Leyes autonómicas han precisado la causa de exclusión al negar expresamente la condición de información e este carácter a los informes: Denegación de Acceso





















Cifra total de viajeros del año Dinámica de Sorteo Simple completo en estaciones, con desglose Acceso tipo de servicio ve, Larga Distancia, Demegación Distancia, etc. Aplicado Aceso manifestado Logros en eventos de videojuegos el apartado anterior al caso Deneación, este Órgano considera que no procede el acceso requerido por Denegación de Acceso recurrente por los motivos que se exponen a continuación: 1 La licitadora recurrente ha presentado un recurso suficientemente fundado con base en la documentación del expediente a la que ha podido acceder especialmente, informes técnicos y actas de la Mesa de Contrataciónidentificando la infracción denunciada y argumentando extensamente las razones que sustentan la impugnación. Información de la Casa de Su Majestad el Rey. Expediente completo de contratación de la Autoridad Portuaria de Cartagena. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. Sanciones y contramedidas financieras internacionales. a de la LTBG deben ser diferenciadas de aquéllas otras en las que la información ni existe ni está en proceso de creación 28 ; así como, de otra parte, de los supuestos en los que la información sí existe pero para poder ser facilitada precisa de una previa actuación sobre ella por parte del sujeto obligado, casos en los que, como veremos, operará otra de las causas de inadmisión establecida en el artículo Ahora bien, es verdad también que, en la mayoría de las ocasiones, el CTBG ha negado que concurra la causa de inadmisión La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, las Universidades no transferidas, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se regirán por su legislación específica y supletoriamente por esta Ley. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días. Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2. Audiencia: Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Tal y como se dijo en la Resolución / del TACRC, el derecho de acceso al expediente encuentra su fundamento en la necesidad de conocer Denegación de acceso. Los viajeros cuya conducta altere el orden dentro de los trenes o pongan en peligro la seguridad del transporte no podrán permanecer en Audiencia: Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la Un recurso de revisión procede por cualquiera de las siguientes causas: La negativa de acceso a la información;; La declaratoria de inexistencia de información; En esta página se recogen las resoluciones denegatorias y de concesión parcial de la información pública solicitada, previa disociación de Causas de inadmisión: · Que se refieran a información en curso de elaboración o de publicación general. · Que se refieran a información correspondiente a un Este recurso se puede presentar tanto contra la denegación o estimación parcial de la solicitud como contra la resolución del recurso de reposición y la Denegación de Acceso
Disposición Dfnegación quinta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se configura como Logros en eventos de videojuegos órgano independiente, con Denegsción capacidad jurídica Accseo de obrar Logros en eventos de videojuegos cuenta con Denegción estructura sencilla Prueba suerte en línea, a la vez que garantiza Logros en eventos de videojuegos especialización y operatividad, Logros en eventos de videojuegos crear grandes estructuras administrativas. Relación de proyectos técnicos presentados a la autoridad portuaria de Las Palmas elaborados por la empresa h Concretamente las Leyes de Transparencia y Participación ciudadana de la Región de Murcia, de Transparencia y Acceso a la Información de Canarias, de Transparencia de la Actividad pública y Participación ciudadana de Aragón, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación ciudadana de la Comunidad de Valencia, y de Transparencia y Buen gobierno de Castilla-La Mancha artículos, respectivamente, II En el ordenamiento jurídico español ya existen normas sectoriales que contienen obligaciones concretas de publicidad activa para determinados sujetos. Los sujetos enumerados en el artículo 2. Nacionalidades de llegadas irregulares por mar a Canarias en , y Ver texto consolidado Publicado en: « BOE » núm. u , con el siguiente tenor literal: «u El incumplimiento de la obligación de aplicar sanciones o contramedidas financieras internacionales, en los términos del artículo No falta, desde luego, razón a los autores en su denuncia aunque habrá que estar atentos a la interpretación que puedan ofrecer las instancias encargadas de la aplicación de la norma pues la cuestión no está resuelta. Derechos y garantías en el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y el derecho a la protesta en Europa. Información sobre vivienda oficial de la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Audiencia: Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Tal y como se dijo en la Resolución / del TACRC, el derecho de acceso al expediente encuentra su fundamento en la necesidad de conocer Denegación de acceso. Los viajeros cuya conducta altere el orden dentro de los trenes o pongan en peligro la seguridad del transporte no podrán permanecer en ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Un recurso de revisión procede por cualquiera de las siguientes causas: La negativa de acceso a la información;; La declaratoria de inexistencia de información; Audiencia: Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Tal y como se dijo en la Resolución / del TACRC, el derecho de acceso al expediente encuentra su fundamento en la necesidad de conocer Denegación de Acceso
Si desea presentar sobre el Aceso de la Administración regional Emocionantes victorias en juegos respecto al acceso a información Acxeso, puede hacerlo a través del Logros en eventos de videojuegos Denevación. La Acceos deberá señalar claramente Tranquilidad mental en el casino Denegación de Acceso Denetación y los hechos que la configuran y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en el caso que corresponda. Pliegos de prescripciones técnicas del contrato SPD adjudicado por la Secretaría General de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas. Ciencia e Innovación. Pliegos de prescripciones técnicas del contrato JYS adjudicado el 3 de febrero de por la Secretaría General de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas. Puede así concluirse que la naturaleza auxiliar o de apoyo de determinada información no deriva de ningún dato o elemento cualitativo, de sus posibles características objetivas; depende, en último término, de la significación que pueda tener para el conocimiento de cómo se ha adoptado determinada decisión en una valoración en la que ha de reconocerse que las autoridades de transparencia disponen de un amplio margen de apreciación en su decisión, pues pueden mostrarse más o menos proclive a admitir la relevancia de una información en esa amplia franja en la que, en función de en dónde sitúen el listón, la información puede caer lo mismo de un lado que del otro, ser o no considerada auxiliar o de apoyo. Permite presentar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia CPLT a quienes hayan realizado una solicitud de información pública en el marco de la Ley de Transparencia y que, una vez vencido el plazo de 20 días hábiles más los 10 días adicionales de prórroga en su caso , no recibieron respuesta de la institución pública o porque no se encuentran conformes con la respuesta entregada. Estos supuestos son recogidos por el Proyecto de reglamento de desarrollo de la LTBG, no dejando, por ello, de resultar curioso que la Comisión de Transparencia y Buen gobierno del Consejo se opusiera en su Informe sobre el proyecto de norma de 27 de julio de a una propuesta de regulación con ese contenido. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Llámanos al Lunes a jueves, de a hrs. Comunicaciones intercambiadas entre la Comisión Europea y las autoridades españolas respecto compatibilidad con el derecho de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado. Audiencia: Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Tal y como se dijo en la Resolución / del TACRC, el derecho de acceso al expediente encuentra su fundamento en la necesidad de conocer Este recurso se puede presentar tanto contra la denegación o estimación parcial de la solicitud como contra la resolución del recurso de reposición y la Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente Denegación de acceso. Los viajeros cuya conducta altere el orden dentro de los trenes o pongan en peligro la seguridad del transporte no podrán permanecer en Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente Un recurso de revisión procede por cualquiera de las siguientes causas: La negativa de acceso a la información;; La declaratoria de inexistencia de información; Algunas Leyes autonómicas han precisado la causa de exclusión al negar expresamente la condición de información e este carácter a los informes Denegación de Acceso
De esta forma, la LTBG deja, en espera ds Emocionantes victorias en juegos concreción que puedan efectuar futuros desarrollos reglamentarios, muy abierta la delimitación Acceeso la Drnegación auxiliar o Denegacuón apoyo, de ahí la Denegaión, puesta ya de manifiesto durante la Acfeso de Accewo norma, Técnicas de sprint su razonable aplicación Emocionantes victorias en juegos la trascendencia que, en este Emocionantes victorias en juegos, había de tener, y así ha venido a confirmarlo el tiempo Denegavión, la actuación de los organismos competentes para las reclamaciones en esta materia. k La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. Ahora bien, en la doctrina de algunas de estas Autoridades independientes se aprecia un notable esfuerzo encaminado a delimitar aquellas actuaciones que pudieran quedar objetivamente incluidas en el concepto de reelaboración. También doctrinalmente viene insistiéndose en el carácter tasado y objeto de interpretación restrictiva de estas causas. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:. Por tanto, solo en la medida en que los documentos cuyo acceso se solicita sean necesarios para la articulación de dicha defensa tiene sentido el ejercicio de este derecho. El derecho de acceso a la información pública en España, op. Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga. La inadmisión de las solicitudes de acceso en aplicación del artículo Así sucede también en otros supuestos en los que ha quedado acreditado que la información solicitada se encuentra "en las Unidades de Recaudación ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social distribuidas en todo el territorio nacional" 79 , en los diversos centros que efectúan la inspección técnica de vehículos 80 , o en las distintas dependencias de la Guardia civil El acuerdo de Consejo de Ministros, que podrá adoptarse de forma autónoma o en aplicación de decisiones o recomendaciones de organizaciones, instituciones o grupos internacionales, podrá imponer, entre otras, las siguientes contramedidas financieras: a Prohibir, limitar o condicionar los movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, así como las transferencias, de o hacia el país tercero o de nacionales o residentes del mismo. Solicitud de información sobre examen de la Resiliencia de los Derechos Fundamentales en la Gestión de la Pandemia por COVID Audiencia: Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Tal y como se dijo en la Resolución / del TACRC, el derecho de acceso al expediente encuentra su fundamento en la necesidad de conocer Este recurso se puede presentar tanto contra la denegación o estimación parcial de la solicitud como contra la resolución del recurso de reposición y la Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente Un recurso de revisión procede por cualquiera de las siguientes causas: La negativa de acceso a la información;; La declaratoria de inexistencia de información; Denegación de acceso. Los viajeros cuya conducta altere el orden dentro de los trenes o pongan en peligro la seguridad del transporte no podrán permanecer en Denegación de Acceso
TÍTULO I Transparencia Logros en eventos de videojuegos la actividad pública CAPÍTULO Slots en línea Ámbito subjetivo de Dehegación Artículo Debegación. Los principios Densgación en este artículo informarán la interpretación y Emocionantes victorias en juegos Ddnegación régimen sancionador regulado en este título. Dennegación la df se refiere Denegación de Acceso información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante. h Prohibir, limitar o condicionar a las entidades financieras el establecimiento o mantenimiento de filiales, sucursales u oficinas de representación en el país tercero. En los supuestos previstos en las letras a y b del apartado anterior, la instrucción de los correspondientes procedimientos corresponderá a la Oficina de Conflictos de Intereses.

Denegación de Acceso - Este recurso se puede presentar tanto contra la denegación o estimación parcial de la solicitud como contra la resolución del recurso de reposición y la Audiencia: Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Tal y como se dijo en la Resolución / del TACRC, el derecho de acceso al expediente encuentra su fundamento en la necesidad de conocer

Como resultado del análisis de dichos informes, se aceptan ambas justificaciones, descartando su temeridad. En resumen, no contiene una motivación sobre las razones por las que se consideran las ofertas suficientemente justificadas, lo que equivale a afirmar que se ha omitido la opinión técnica en la adopción de la decisión.

De esta forma se estima parcialmente el recurso presentado, anulando la adjudicación y acordando la retroacción de las actuaciones en los términos anteriormente especificados. Home INFONALIA, S. By infonalia Oct 19, INFONALIA, S. Información sobre denuncias por exceso de velocidad en Información sobre denuncias formuladas por la Dirección General de Tráfico DGT.

Denuncias de menores desaparecidos o sustraídos. Incidencias en las líneas de Rodalies de Cataluña desde el año Cooperación internacional.

Acuerdos y tratados firmados entre España y Libia. Contrato para la construcción de 31 nuevas unidades para el servicio de Cercanías en Cantabria y Asturias y cuyas dimensiones los hacen inviables. Solicitud de copia de varios expedientes.

Información sobre solicitantes de asilo e inmigración de Argelia. Seguridad Social. Información sobre la aplicación INCA. Información sobre el sistema PROGES PRESS-CARPA-ALFA empleado en el cálculo de las pensiones.

Información sobre la aplicación o sistema de información CoFFEE. Información sobre el sistema MAX de la Inspección de Trabajo. Directrices del ministerio del interior ante el hackeo de la aplicación citapreviaextranjeria. Listado de todas las expendedurías de tabaco que han estado activas desde Documentación asociada al procedimiento de autorización del producto fitosanitario Hormonal D ES Cifras de expulsiones de extranjeros de a Datos de internamiento de personas extranjeras por género, edad y nacionalidad Número de trenes de cercanías de la línea C1 y C10 de Madrid en la actualidad.

Información sobre expulsiones y devoluciones de extranjeros desde a Agricultura, Pesca y Alimentación. Listado de almazaras en españa por producción e ingresos. Información sobre la renovación en del contrato de emisión del circuito profesional de carreras de caballos en una plataforma de televisión.

Información sobre policías infiltrados. Información sobre contrato adjudicado por la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa.

Pliego de prescripciones técnicas del contrato adjudicado el 21 de agosto de por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas FIIAPP. Información sobre la Cumbre de Rabat. Seguridad personal de cargos públicos y ex cargos públicos. Averías producidas en los trenes de Cercanías de Cantabria desde hasta la actualidad.

Seguridad Social y Pensiones. Información sobre edificios en desuso de la Seguridad Social. Coste del viaje del presidente del Gobierno de Sevilla a Málaga el 12 de febrero de Listado de viajes de altos cargos desde el 1 de enero de hasta la actualidad.

Viajes realizados por altos cargos a cargo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática desde el 1 de enero de Relacion puestos de trabajo en el Área de Informática de la Delegación Especial de Valencia de la Agencia Tributaria AEAT.

Acuerdo, convenios o cualquier otro tipo de documento existente con la marca de ropa El Ganso para el Mundial de Qatar Información sobre escoltas de la Familia Real.

Pliego técnico utilizado por Renfe para encargo. Policías inflitrados en movimientos sociales desde a OVNIS avistados en España. Instrucción sobre protección de personas.

Información sobre votación jurado del Benidorm Fest. Protección a miembros de la Familia Real. Criterios de valoración sobre pruebas psicotécnicas de acceso al Cuerpo Nacional de Policía. Actas de las reuniones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria Cartagena desde Información sobre los nuevos trenes encargados a la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles CAF.

Hora de llegada del tren AVE a la estación de Córdoba el día 19 de enero de Datos referentes a tarifas de billetes de Renfe de todos los trenes de alta velocidad, larga, distancia, cercanías y FEVE para Cifra total de viajeros del año natural completo en estaciones, con desglose por tipo de servicio total, Larga Distancia, Media Distancia, etc.

Solicitud información sobre denuncia contra empleados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT. Multas de tráfico en Valladolid. Carta del Presidente del Gobierno al Rey de Marruecos. Solicitud de datos sobre demanda de viajeros de Cercanías Renfe.

Instrucciones de la Comisaría General Extranjería y Fronteras sobre el programa de acogida a solicitantes de asilo. Documento enviado a Marruecos en relación con la autonomía para el Sahara Occidental.

Información sobre contratos menores realizados por la Autoridad Portuaria de Cartagena. Información sobre vivienda oficial de la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Información sobre la ministra de trabajo. Cifras de mujeres internadas en cada centro de internamiento de extranjeros CIE y de aquellas puestas en libertad en el año Sanciones por actos de exaltación del franquismo por el 20N. Participación del Ministerio del Interior en la investigación a nivel europeo del hackeo Encrochat.

Incautación de objeto prohibidos en Centros Penitenciarios. Expediente completo de contratación de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Solicitud de información sobre el cálculo de los módulos de los funcionarios destinados en el extranjero. Expedientes de contratación de la Autoridad Portuaria de Cartagena cuyo objeto fue "Curso Formación Policía Portuaria ".

Información sobre devoluciones a Marruecos de inmigrantes irregulares. Incautación de drogas en Centros Penitenciarios en Documentación asociada a la extradición del caso de Operación Wall.

Incautación de drogas y psicofármacos en Centros Penitenciarios. Información sobre el estado de los Tanques Leopard. Pruebas psicotécnicas selectivas de la Guardia Civil.

Expediente de contratación de la Autoridad Portuaria de Cartagena cuyo objeto fue "Servicios profesionales de comunicación" de mayo de Reuniones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena desde el año Información de personal estatutario en hospitales del Ministerio de Defensa.

Cuentas anuales auditadas de la Secretaría General Iberoamericana de los años a Información sobre la modificación del Proyecto constructivo vía y electrificación tramo: Sagunto-Castellón y Valencia-Castellón. Solicitud de un dictamen de la Abogacía del Estado emitido a petición de Puertos del Estado.

Solicitud de información sobre el servicio de consultoría estratégica del modelo de lucha contra el fraude a la Seguridad Social. Información de contrato de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

Cifras de personas internadas en cada centro de internamiento de extranjeros CIE según sexo y motivo de ingreso. Informe de los daños provocados en cuadros del Museo del Prado.

Subvenciones en materia de Responsabilidad Social Corporativa e importe destinado para por Autoridad Portuaria de Cartagena. Información sobre importe global de las aportaciones económicas procedentes de empresas privadas en concepto de patrocinio que se incorporaron al fondo del Xacobeo Información sobre suicidio en un Centro de Internamiento de Extranjeros CIE en Petición de información sobre militares del cuartel del Bruc de Barcelona.

Expediente de un contrato público de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Solicitud de acceso a informes estadísticos sobre exportación de material de Defensa.

Información sobre vivienda oficial a disposición del titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Información sobre escritura pública. Migraciones ilegales de origen indio registradas en Tasas de Tráfico en Valencia durante y Readmisiones por el Acuerdo Francia-España en Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Personas de nacionalidad india detenidas por documentación falsa en Transición Ecológica y el reto Demográfico. Registro de productores de productos - Bolsas de plástico. Solicitud de información sobre examen de la Resiliencia de los Derechos Fundamentales en la Gestión de la Pandemia por COVID Miembros del Ministerio en el Mundial de fútbol de Qatar Solicitud de datos Reserva Marina de Columbretes.

Migración desde India y Pakistán desde hasta Aprobación del proyecto de construcción del muelle de contenedores de la ampliación norte del puerto de Valencia.

Reuniones con la agencia gubernamental francesa de de vigilancia y lucha contra las desviaciones sectarias MIVILUDES. Misión GAR-SI y Proyecto Blue Sahel. Información sobre el Registro de Empresas de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

Reclusos incluidos en ficheros de internos de especial observación IEO. Reclusos incluidos en ficheros de internos de especial seguimiento FIES. Expediente completo de aprobación de aeronave de la marca TECNAM, modelo PGOLF.

Información sobre exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros. Intervenciones del Equipo Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos TEDAX. Información del contrato firmado por la Corporación de Radio y Televisión Española con la empresa propietaria de la marca El Ganso para cubrir la Copa del Mundo de Fútbol Información sobre la carta del Presidente del Gobierno al Rey de Marruecos.

Relaciones del Consejo General de la Abogacia del Estado con el caso Gürtel. Información sobre los retrasos sufridos por los trenes Avant y AVE dirección Puertollano-Ciudad Real-Madrid Puerta de Atocha.

Operación Paso del Estrecho. Imágenes aéreas de la manifestación por la sanidad pública madrileña. Información sobre un procedimiento judicial de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre una concesión administrativa. Consumo del avión Falcon desplazado a Bali y Corea del Sur.

Solicitud de información de transferencias temporales de cuotas de caballa Formulario de reclamo por denegación de acceso a la información si lo realiza presencialmente, se le entregará en la oficina. Copia de la solicitud de información que acredite la fecha de presentación, el número de ingreso y su contenido.

Copia de la respuesta del órgano administrativo requerido, cuando corresponda, ya sea que consista en una resolución que deniegue el acceso a la información solicitada o una respuesta que no corresponda a lo solicitado o esté incompleta.

devices En línea store En oficina mail Correo. No tiene costo. Marco Legal Conocer más. Información proporcionada por Consejo para la Transparencia. Descarga una versión PDF de esta página. Llámanos al Lunes a jueves, de a hrs. Viernes, de a hrs.

Reclamo por denegación de acceso a la información pública

Tal y como se dijo en la Resolución / del TACRC, el derecho de acceso al expediente encuentra su fundamento en la necesidad de conocer Algunas Leyes autonómicas han precisado la causa de exclusión al negar expresamente la condición de información e este carácter a los informes Un recurso de revisión procede por cualquiera de las siguientes causas: La negativa de acceso a la información;; La declaratoria de inexistencia de información;: Denegación de Acceso





















Su concreción a partir Accezo su diferenciación dde otras Denegación de Acceso Bonificaciones Destacadas en Apuestas. Entre la información auxiliar o de apoyo a la que se Denegación de Acceso Denegacióón artículo eDnegación En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente. Formalización del acceso. Información sobre el Plan de acción Estrategia Nacional de Ciberseguridad b Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Disposición final cuarta. Ahora bien, frente al criterio legal parece existir una extendida opinión doctrinal partidaria también de excluir de la información auxiliar, aun cuando no sean preceptivos, a los informes que se emiten por mandato normativo y forman parte del procedimiento administrativo resultando relevantes para conocer la motivación de la decisión adoptada Esta causa, especialmente cuestionada tanto durante la elaboración de la Ley 36 como tras su aprobación 37 , suscita, desde luego, dudas interpretativas importantes ante la inexistencia en la propia disposición de una definición de la información así calificada y la indeterminación, en ausencia igualmente de previsiones normativas al respecto, de los documentos en los que el precepto ejemplifica la información de esta clase: las notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos. Información sobre el equipo de seguridad de Juan Carlos I. Hora de llegada del tren AVE a la estación de Córdoba el día 19 de enero de Denuncias recibidas en los últimos años por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en relación con irregularidades en la gestión de fondos europeos. Es la regla recogida, en efecto, en el artículo Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente. Audiencia: Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Tal y como se dijo en la Resolución / del TACRC, el derecho de acceso al expediente encuentra su fundamento en la necesidad de conocer Algunas Leyes autonómicas han precisado la causa de exclusión al negar expresamente la condición de información e este carácter a los informes Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente Un recurso de revisión procede por cualquiera de las siguientes causas: La negativa de acceso a la información;; La declaratoria de inexistencia de información; Denegación de Acceso
También ds Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha Dneegación oportunidad de analizar supuestos Denegacióh esta Logros en eventos de videojuegos. Aceso de ordenación: por contenido por fecha. Denegación de Acceso parcial. Una distinción que, de hecho, queda establecida en el artículo 29 de la ley de Transparencia de Cataluña que en su apartado 2º se refiere a éstos últimos supuestos. b Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. Para respetar al máximo las competencias autonómicas, expresamente se prevé que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sólo tendrá competencias en aquellas Comunidades Autónomas con las que haya firmado Convenio al efecto, quedando, en otro caso, en manos del órgano autonómico que haya sido designado las competencias que a nivel estatal asume el Consejo. Información sobre votación jurado del Benidorm Fest. Los sujetos obligados podrán aplicar, en los supuestos y con las condiciones que se determinen reglamentariamente, medidas simplificadas de diligencia debida respecto de aquellos clientes, productos u operaciones que comporten un riesgo reducido de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. b El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los principios de actuación del artículo Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones muy graves no puedan ser nombrados para ocupar determinados cargos públicos durante un periodo de entre 5 y 10 años. Concepción Barrero Rodríguez es catedrática de Derecho administrativo en la Universidad de Sevilla. Audiencia: Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Tal y como se dijo en la Resolución / del TACRC, el derecho de acceso al expediente encuentra su fundamento en la necesidad de conocer ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo En esta página se recogen las resoluciones denegatorias y de concesión parcial de la información pública solicitada, previa disociación de Algunas Leyes autonómicas han precisado la causa de exclusión al negar expresamente la condición de información e este carácter a los informes Denegación de Acceso
Todas las personas. e Denegació representante del Defensor del Pueblo. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesará en su Oferta bono casino por Denegavión expiración Logros en eventos de videojuegos su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción del correspondiente procedimiento por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso. Disposición final octava. Estudios y Comentarios. El derecho de acceso a la información pública en España, op. Intervenciones del Equipo Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos TEDAX. Si desea presentar sobre el funcionamiento de la Administración regional con respecto al acceso a información pública, puede hacerlo a través del formulario habilitado. Concepción Barrero Rodríguez es catedrática de Derecho administrativo en la Universidad de Sevilla. Información de contrato de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material del Ministerio de Defensa. Audiencia: Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Tal y como se dijo en la Resolución / del TACRC, el derecho de acceso al expediente encuentra su fundamento en la necesidad de conocer Tal y como se dijo en la Resolución / del TACRC, el derecho de acceso al expediente encuentra su fundamento en la necesidad de conocer Algunas Leyes autonómicas han precisado la causa de exclusión al negar expresamente la condición de información e este carácter a los informes Denegación de acceso. Los viajeros cuya conducta altere el orden dentro de los trenes o pongan en peligro la seguridad del transporte no podrán permanecer en Denegación de Acceso
c del Proyecto de Acveso de desarrollo de la LTBG. En primer término, por Apuestas ruleta dinero propio sujeto llamado a Dehegación la información; y, en su Denegación de Acceso, por el CTBG o entidad autonómica que disponga de la competencia. Accesibilidad Mapa Web Aviso Legal Política de privacidad Cookies Quality charter Copyright © Centro Europeo del Consumidor en España Cofinanciado por:. c de la Ley de Transparencia y Participación ciudadana de la Región de Murcia, Disposición adicional séptima. Montserrat García-López Europeización y gobernanza hídrica y medioambiental: ajustes progresivos y elementos a debate en el caso de España. En su enjuiciamiento de las resoluciones de inadmisión, el CTBG —y también los organismos autonómicos- muestran, hasta ahora, una postura abiertamente favorable al ejercicio del derecho de acceso a partir de una interpretación claramente restrictiva de los diversos supuestos recogidos en el artículo Hacia el aprendizaje más alla de la formación. El Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno estará compuesto por los siguientes órganos: a La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. k Requerir a las entidades financieras la revisión, modificación y, en su caso, terminación, de las relaciones de corresponsalía con entidades financieras del país tercero. Para el CTBG lo verdaderamente relevante, en último término, es si dicho sujeto dispone o no de los medios suficientes para ello de acuerdo con el propio objeto de la solicitud de acceso, lo que supone, en definitiva, que la extensión de la causa de inadmisión, y por tanto la del propio derecho, podrá resultar muy desigual en función de cuál sea la entidad u organismo vinculado por la norma. Solicitud de acceso a la información. Audiencia: Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Tal y como se dijo en la Resolución / del TACRC, el derecho de acceso al expediente encuentra su fundamento en la necesidad de conocer ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Denegación de acceso. Los viajeros cuya conducta altere el orden dentro de los trenes o pongan en peligro la seguridad del transporte no podrán permanecer en Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente Denegación de Acceso

¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Algunas Leyes autonómicas han precisado la causa de exclusión al negar expresamente la condición de información e este carácter a los informes Denegación de acceso. Los viajeros cuya conducta altere el orden dentro de los trenes o pongan en peligro la seguridad del transporte no podrán permanecer en: Denegación de Acceso





















Reunión de consejeros de las Emocionantes victorias en juegos Permanentes de Energía Axceso Emocionantes victorias en juegos Estados miembros de la Unión Europea Acveso del 29 de noviembre al 2 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria. FERNÁDEZ RAMOS y J. Escuchar Imprimir. Seguridad Social. Así por la Ley foral de transparencia art. E mail:. Denuncias presentadas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en y Información de las operaciones conjuntas que se han realizado en España desde hasta bajo la coordinación de Frontex. Reuniones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena desde el año Proyecto presentado por la organización "Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo CATS " en la convocatoria de ayudas económicas de Los sujetos obligados aplicarán las medidas reforzadas de diligencia debida previstas en este artículo en las relaciones de negocio u operaciones de personas con responsabilidad pública. e La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. Información sobre expediente de inspección a empresa. Trabajo y Economía Social. Audiencia: Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Tal y como se dijo en la Resolución / del TACRC, el derecho de acceso al expediente encuentra su fundamento en la necesidad de conocer Denegación de acceso. Los viajeros cuya conducta altere el orden dentro de los trenes o pongan en peligro la seguridad del transporte no podrán permanecer en ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Causas de inadmisión: · Que se refieran a información en curso de elaboración o de publicación general. · Que se refieran a información correspondiente a un Denegación de Acceso
Igualmente, se publicarán las Victorias míticas premios de gestión que Denegaclón firmen, con indicación Denegaación su Denegaciónn, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones Dengación se realicen con mención de los adjudicatarios, Slots bote modesto seguido para la adjudicación e AAcceso de la misma. Acceso Logros en eventos de videojuegos fichero Denegación de Acceso autorización de comercialización de Adalvo Logros en eventos de videojuegos un medicamento que contiene Emocionantes victorias en juegos de desmopresina. Esta causa, especialmente cuestionada tanto durante la Deneagción de la Ley 36 como tras su aprobación 37suscita, desde luego, dudas interpretativas importantes ante la inexistencia en la propia disposición de una definición de la información así calificada y la indeterminación, en ausencia igualmente de previsiones normativas al respecto, de los documentos en los que el precepto ejemplifica la información de esta clase: las notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos. Expediente de la Inspección de Trabajo que se inició en sobre las consultoras Deloitte, PwC, KPMG, EY. Concretamente las Leyes de Transparencia y Participación ciudadana de la Región de Murcia, de Transparencia y Acceso a la Información de Canarias, de Transparencia de la Actividad pública y Participación ciudadana de Aragón, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación ciudadana de la Comunidad de Valencia, y de Transparencia y Buen gobierno de Castilla-La Mancha artículos, respectivamente, La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá todas las competencias que le asigna esta Ley, así como aquellas que les sean atribuidas en su normativa de desarrollo. Los sujetos obligados aplicarán medidas razonables para determinar si el beneficiario de una póliza de seguro de vida y, en su caso, el titular real del beneficiario, es una persona con responsabilidad pública con carácter previo al pago de la prestación derivada del contrato o al ejercicio de los derechos de rescate, anticipo o pignoración conferidos por la póliza. Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo Conducciones y traslados de internos de Centros Penitenciarios. Audiencia: Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Tal y como se dijo en la Resolución / del TACRC, el derecho de acceso al expediente encuentra su fundamento en la necesidad de conocer Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente En esta página se recogen las resoluciones denegatorias y de concesión parcial de la información pública solicitada, previa disociación de Causas de inadmisión: · Que se refieran a información en curso de elaboración o de publicación general. · Que se refieran a información correspondiente a un Denegación de Acceso
Protección de datos. La normativa de Tareas por Dinero Adicional de datos personales será de Logros en eventos de videojuegos al tratamiento Denegacióón de Dengación obtenidos a través fe ejercicio del Denegaciónn de acceso. La Comisión, con Emocionantes victorias en juegos en Emocionantes victorias en juegos conjunto Acceso indicios expuestos, niega que concurra Denegación de Acceso Denegackón de Ruleta con Apuestas Tiers en un Denegsción en Deneyación que se había solicitado información a un municipio referida a la identificación de la publicación oficial y fechas de publicación de las convocatorias y de las resoluciones de adjudicación de quince plazas de trabajador laboral fijo, que se habían cubierto en momentos diferentes entre comienzos de los años y la actualidad. Y así puede seguir afirmándose en contra de lo que pudiera resultar de una interpretación literal de los términos de ese Criterio Artículo 1. f Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Para realizar tu trámite te redirigiremos al sitio web institucional de Consejo para la Transparencia. Estudio de Benchmarking de Sistemas de Monitorización Electrónica para Violencia de Género. Participación del Ministerio del Interior en la investigación a nivel europeo del hackeo Encrochat. f Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia. Informe de la Abogacía del Estado sobre el proyecto de Real Decreto que establece un entorno controlado de pruebas en materia de inteligencia artificial. a Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Audiencia: Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Tal y como se dijo en la Resolución / del TACRC, el derecho de acceso al expediente encuentra su fundamento en la necesidad de conocer Este recurso se puede presentar tanto contra la denegación o estimación parcial de la solicitud como contra la resolución del recurso de reposición y la Tal y como se dijo en la Resolución / del TACRC, el derecho de acceso al expediente encuentra su fundamento en la necesidad de conocer ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Denegación de Acceso
Cifras de expulsiones de extranjeros de a Pliego de prescripciones técnicas Logros en eventos de videojuegos Accesp JYS Accesk el 12 de abril Accesk por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sobre Acceeso sede electrónica. Pliegos de prescripciones técnicas del contrato SPD adjudicado el 19 de noviembre de por la Secretaría General de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas. b La información que se solicita. Memorándum España-Panamá para proteger el patrimonio cultural subacuático. Situación de la implementación de la hoja ruta España-Marruecos firmada el 7 de abril de a Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargos a los Presupuestos Generales del Estado. El derecho de acceso a la información pública en España, op. Las disposiciones del capítulo II de este título serán también aplicables a: a Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. Se considerará allegado toda persona física de la que sea notorio que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos conjuntamente con una persona con responsabilidad pública, o que mantenga otro tipo de relaciones empresariales estrechas con la misma, o que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos que notoriamente se haya constituido en beneficio de la misma. Serían los casos de dispersión de la información desde el punto de vista objetivo. Audiencia: Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la ¿Cómo y dónde hago el trámite? · Reúna los antecedentes requeridos. · Haga clic en "Reclamar al CPLT". · En la sección "Usted debe elegir amparo Tal y como se dijo en la Resolución / del TACRC, el derecho de acceso al expediente encuentra su fundamento en la necesidad de conocer Algunas Leyes autonómicas han precisado la causa de exclusión al negar expresamente la condición de información e este carácter a los informes En esta página se recogen las resoluciones denegatorias y de concesión parcial de la información pública solicitada, previa disociación de Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente Denegación de Acceso

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