Juegos de Azar Renovadores

También podrán instalarse máquinas recreativas de puro entretenimiento tipo «A». El número mínimo de máquinas a instalar en estos salones será el de diez, siendo el máximo y el aforo y superficie permitidos los que reglamentariamente se establezcan. Se entiende por salones recreativos todos aquellos establecimientos destinados a la explotación de máquinas recreativas de puro entretenimiento tipo «A».

El número mínimo de máquinas tipo «A» a instalar en estos salones será de cinco, siendo el máximo y el aforo y superficie permitidos los que reglamentariamente se establezcan. Podrán ser autorizados para la instalación de hasta tres máquinas de los tipos «A» o «B» los locales y dependencias destinados a bares, cafeterías o similares, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

En el supuesto de que se instalen tres máquinas, al menos una será de tipo «A». Podrá autorizarse el cruce de apuestas, asimismo previamente autorizadas, dentro de los locales o recintos donde se celebren determinadas competiciones, en otros locales que expresamente se determinen y en los salones de juego regulados en el artículo 13 de esta Ley.

De igual modo podrán autorizarse locales, recintos o espacios para la celebración de rifas o tómbolas, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

A los efectos de esta Ley, los hipódromos se clasifican en hipódromos de tipo «A» y de tipo «B». Sus características serán desarrolladas reglamentariamente. Las apuestas hípicas en los hipódromos tipo «B» sólo podrán realizarse en el interior de los mismos, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

Las apuestas externas quedan reservadas a los hipódromos de tipo «A», en las condiciones que reglamentariamente se determinen. La concesión de hipódromos tipos «A» y «B» se hará previa convocatoria de concurso, para cuya resolución se valorará el interés turístico del proyecto global, la solvencia de los promotores, el programa de inversiones y el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, así como los incentivos y beneficios económicos y sociales que su instalación haya de crear en la zona geográfica donde se ubiquen.

La organización y explotación de juegos y apuestas, así como la comercialización, distribución y mantenimiento de material o de máquinas y aparatos de juegos o apuestas, únicamente podrán ser realizadas por empresas inscritas en el registro correspondiente que llevará al efecto el órgano que determine la Consejería de Gobernación.

Asimismo, la Junta de Andalucía, bien directamente o bien a través de órganos de gestión específicamente creados a tal fin o empresas públicas, o sociedades mixtas de capital público mayoritario, podrá asumir la organización y explotación del juego.

En todo caso, deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos, que mantendrán durante el período de vida de las mismas:.

Las entidades benéficas, deportivas, culturales y turísticas, que tengan más de tres años de ininterrumpida existencia legal y funcionamiento, tendrán preferencia en la concesión de autorizaciones para la explotación del juego de bingo, quedando exentas de la obligación de constituirse en sociedades mercantiles.

Se dará trato preferencial a las Empresas que sólo exploten o gestionen máquinas de tipo «A» o Salones Recreativos en los términos de esta Ley, no siendo preciso que se constituyan bajo la forma de sociedad.

Las empresas que sólo exploten o gestionen salones recreativos o sólo máquinas de tipo «A» no estarán obligadas a constituir fianza.

La fianza estará afecta de modo específico a las responsabilidades derivadas de la actividad de juego y prioritariamente a las sanciones en que eventualmente se incurra por las mismas.

Tanto el capital social como las fianzas deberán mantenerse en las cuantías que en cada momento corresponda. Las disminuciones que se produzcan por las cantidades que sobre la misma se dispongan en virtud de los oportunos procedimientos reglamentarios, deberán reponerse en un plazo dentro de los ocho días siguientes, y en caso de no hacerlo quedará en suspenso inmediatamente la autorización a la empresa; transcurridos tres meses sin que la reposición se llevara a efecto se anulará la autorización y se cancelará la inscripción correspondiente en el Registro de Empresas de Juego y Apuestas.

Igual ausencia de inhabilitación judicial se requerirá para ser socio-administrador, director, gerente o apoderado de las citadas empresas. Los documentos profesionales a que se refiere el número 1 de este artículo serán expedidos y renovados por plazos máximos de cinco años, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Los empleados que participen directamente en la práctica de los juegos y apuestas, así como sus cónyuges, ascendientes y descendientes hasta el primer grado de consanguinidad, no podrán tener participación alguna en la sociedad titular de la empresa de juego. La contratación por parte de estas empresas de personal extranjero se regirá por la legislación vigente en la materia.

Los menores de edad no podrán participar en los juegos y apuestas comprendidos en esta Ley, ni entrar en las salas o locales destinados exclusiva o predominantemente a la práctica del juego. Queda excluido de esta prohibición el acceso a salones recreativos.

Son máquinas de juego los aparatos manuales o automáticos que a cambio de un precio permiten el mero pasatiempo o recreo del jugador o la obtención por éste de un premio.

A los efectos de su régimen jurídico las máquinas se clasifican en los siguientes grupos:. Esto no obstante, podrá autorizarse máquinas progresivas, en las que el premio máximo no podrá exceder de Reglamentariamente podrán determinarse las condiciones de instalación de máquinas progresivas interconexionadas, cuyo conjunto pueda conceder un premio proporcional a las máquinas que lo integran.

Las máquinas clasificadas en este artículo deberán estar inscritas en el correspondiente Registro de Modelos, estar perfectamente identificadas y contar con un boletín de instalación debidamente autorizado, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Quedan excluidas de la presente Ley las máquinas expendedoras que se limiten a efectuar mecánicamente la venta de productos o mercancías siempre que el valor del dinero depositado en las máquinas corresponda al valor de mercado de los productos que entreguen, así como las máquinas tocadiscos o video-discos y las de competencia pura o deporte que expresamente se determinen.

Constituirá infracción administrativa el incumplimiento de las normas de la presente Ley y las de las disposiciones que la desarrollen y demás actos administrativos de ejecución. Las infracciones administrativas en materia de juego y apuestas se clasifican en muy graves, graves y leves.

La organización, práctica o celebración, gestión o explotación de juegos o apuestas sin poseer ninguna de las autorizaciones administrativas que reglamentariamente y específicamente se establezcan para cada juego, así como el permitir o consentir, expresa o tácitamente, la celebración de estos juegos o actividades en locales o recintos no autorizados o mediante personas no autorizadas.

Fabricar, distribuir o comercializar máquinas o elementos de juego o apuestas distintos de los autorizados u oficiales, así como la utilización de elementos de juego o máquinas no homologadas y la sustitución o manipulación fraudulenta del material del juego o las apuestas.

La participación del personal empleado o directivo de las empresas dedicadas a la gestión o explotación del juego, directamente o por medio de terceros personas, en los juegos y apuestas que gestionen o exploten aquéllas. Asociarse con otras personas para fomentar la práctica de los juegos o apuestas al margen de las normas o autorizaciones legales.

Ceder por cualquier título las autorizaciones concedidas con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley y demás normas que la desarrollen o complementen, salvo con las condiciones y requisitos que en las mismas, se exijan.

La modificación de cualquiera de las condiciones esenciales en virtud de las cuales se concedieron las preceptivas autorizaciones para la organización, práctica, gestión, comercialización, distribución y explotación de los juegos o apuestas, al margen de las normas contenidas en esta Ley o de las que reglamentariamente se establezcan.

Impedir u obstaculizar el ejercicio de las funciones de control y vigilancia que correspondan a los agentes de la autoridad y a los funcionarios encargados o habilitados específicamente para tales funciones. El impago, total o parcial, a los apostantes o jugadores de las cantidades que resultasen ganadoras.

Otorgar préstamos a los jugadores o apostantes en los lugares en los que se celebren los juegos y apuestas. La organización, práctica o celebración, gestión o explotación de juegos o apuestas careciendo de alguna de las autorizaciones administrativas que reglamentariamente y específicamente se establezcan para cada juego, así como el permitir o consentir, expresa o tácitamente, la celebración de estos juegos o actividades en locales o recintos no autorizados o mediante personas no autorizadas.

Obtener o intentar obtener las preceptivas autorizaciones de juegos o puestas con aportación de documentos o datos no conformes a la realidad. Explotar o instalar máquinas o elementos de juegos o apuestas distintos de los autorizados u oficiales. Modificar o superar en un cien por cien los límites máximos de apuestas permitidas o autorizadas en cada juego.

Utilizar la autorización administrativa para actividades o máquinas distintas de aquéllas para las que fue concedida. Transferir acciones o participaciones sociales sin la previa notificación, así como la falta de los libros y documentación exigidos o hacerlos incorrectamente.

Permitir la práctica de juegos o apuestas, o el acceso a los locales o salas de juegos, o las personas que lo tengan prohibido en virtud de la presente Ley o por los Reglamentos que la desarrollen. Practicar juegos de azar en establecimientos públicos, círculos tradicionales o clubes públicos o privados cuando la suma total de las apuestas supere el salario máximo interprofesional mensual.

La inexistencia o mal funcionamiento de las medidas de seguridad de los locales cuando puedan afectar gravemente a la seguridad de personas. Efectuar publicidad de los juegos y apuestas o de los establecimientos en las que éstos se practiquen, salvo autorización previa. Realizar promociones de comercialización y venta mediante actividades análogas o juegos incluidos en el Catálogo de Juegos.

Admitir más personas en el local que las permitidas según aforo máximo autorizado para el mismo. La conducta desconsiderada sobre jugadores o apostante tanto en el desarrollo del juego como en el caso de protestas o reclamaciones de éstos.

Practicar juegos de azar y apuestas en establecimientos públicos, círculos tradicionales, clubes públicos o privados, cuando la suma total de las apuestas tengan un valor económico superior en cinco veces al salario mínimo interprofesional diario.

No tener en el local o instalado en la máquina el documento acreditativo y demás documentos que se establezcan. No proporcionar la información requerida al amparo del artículo El incumplimiento de los requisitos o prohibiciones establecidas en esta Ley, Reglamento y demás disposiciones que la desarrollen, no señalados como infracciones muy graves o graves.

Las infracciones calificadas muy graves serán sancionadas con multas de 5. Además, cuando se aprecie fraude, la multa no podrá ser en ningún caso inferior al quíntuple de las cantidades defraudadas.

Anualmente, en la Ley de Presupuestos, podrá considerarse la elevación de estas sanciones para adecuarlas a la realidad social y económica. Las infracciones que hubieren sido mencionadas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, llevarán implícitas conforme a su naturaleza las siguientes consecuencias o sanciones accesorias:.

Los locales clausurados por cancelación de la autorización correspondiente, no podrán durante cinco años ser objeto de las actividades previstas en la presente Ley, sea la misma o distinta la empresa autorizada. Cuando la actividad principal que se ejerza por la empresa autorizada en el local no sea el juego, la clausura no podrá exceder de seis meses.

Cuando las supuestas infracciones estuvieren encuadradas en los supuestos contemplados en los artículos 28 y 29 de la presente Ley, el Instructor podrá acordar el comiso cautelar de las máquinas o elementos de juego de la infracción o su precinto, en los términos reglamentarios reglamentariamente se determinen.

Los elementos de juego quedarán afectos al pago de las sanciones que se impongan. Los documentos profesionales podrán ser suspendidos cuando las personas titulares de los mismos hayan sido procesadas por algún delito relacionado con el juego. Si resultasen condenadas por actividades relacionadas con el juego, la revocación será definitiva.

Iniciado el expediente sancionador por infracciones muy graves procederá el comiso cautelar de las máquinas o elementos de juego de la infracción, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Asimismo en los casos de infracciones graves podrá decretarse el comiso. Para la imposición de la sanción se tendrá en cuenta tanto las circunstancias de orden personal como material que concurrieran en la infracción, así como su incidencia en el ámbito territorial o social en que se produzca.

Los funcionarios de la Junta de Andalucía a los que se encomiende el control y la inspección del Juego y las Apuestas en el ámbito de la Comunidad Autónoma tendrá la consideración de agentes de la autoridad, gozando como tales de la protección que les dispensa la legislación vigente, con las facultades que reglamentariamente se determinen.

Los funcionarios de inspección y control del juego están facultados para examinar los locales, máquinas, documentos y todo lo que pueda servir de información para el mejor cumplimiento de su tarea.

Las personas físicas o jurídicas titulares de las autorizaciones o establecimientos de que se trate, sus representantes legales y, en definitiva, el personal de la inspección tendrá la obligación de facilitar a los inspectores y a su personal auxiliar el acceso a los locales y a sus diversas dependencias, así como el examen de los libros, registros y documentos que necesiten para efectuar la inspección.

Las sanciones motivadas por infracciones a los preceptos de la presente Ley y a los de los Reglamentos y normas que la desarrollen se impondrán en virtud del procedimiento sancionador regulado en este título. Reglamentariamente, para determinados supuestos podrá determinarse como procedimiento sancionador el contenido en la Ley de Procedimiento Administrativo.

El procedimiento sancionador se iniciará por providencia del órgano competente en cada caso o por denuncia de los inspectores, que tendrán, a los efectos de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador que aquélla motive, la consideración de Instructores del expediente.

Las actas que levanten los inspectores, en cuanto agentes de la autoridad, contendrán el correspondiente pliego de cargos, debiendo notificarse a los interesados para surtir efectos. Las denuncias que formulen otros agentes de la autoridad ante la Junta de Andalucía podrán servir de fundamento a los inspectores, en cuanto instructores de los expedientes, para formular los correspondientes pliegos de cargos.

Los escritos de denuncia de los particulares motivarán la Intervención directa de los inspectores, para lo que deberán contener la firma, nombre y apellidos de aquéllos, así como los hechos que motivan la denuncia, el lugar y la fecha. En el acta-pliego de cargos se consignará la relación circunstanciada del hecho y sus fundamentos de derecho, con expresión del lugar, fecha y hora en que haya sido apreciado, y demás la identificación personal del inspector-instructor.

En el plazo de diez días desde la notificación del acta-pliego de cargos los interesados podrán alegar los descargos que a su derecho convengan, con aportación y propuesta de las pruebas que consideren oportunas. En el escrito de descargos podrán plantearse la recusación del inspector actuante y sobre ella resolverá el órgano al que esté adscrito el mismo.

En todo caso, el órgano competente para resolver podrá acordar el cambio de instructor en un expediente determinado, mediante causa justificada para ello. Transcurrido el plazo de diez días, a la vista de los descargos alegados y documentos aportados, practicadas las pruebas propuestas y resuelta la recusación si se hubiere formulado, el instructor del expediente elevará propuesta de resolución el órgano competente para resolver en cada caso.

La propuesta de resolución deberá estar fundada en los hechos que dieron lugar al pliego de cargos, considerará las alegaciones presentadas y determinará con precisión la falta que se estime cometida, su triplicación, responsable a quien se le imputa y sanción que se propone. La conformidad del órgano competente para resolver en cada caso elevará a resolución la propuesta que formulen los inspectores en los términos del apartado 2 del artículo anterior.

Las resoluciones tendrán plena eficacia una vez notificadas a los interesados. Las resoluciones que recaigan en el procedimiento que se establece en esta Ley serán ejecutivas, con independencia de que los interesados interpongan los recursos que en cada caso procedan. El órgano competente para resolver podrá acordar la suspensión de la sanción, de oficio o a instancia del interesado, oído el inspector actuante, si mediara causa justa para ello y con las medidas cautelares que garanticen la ejecución del acto administrativo.

Contra la resolución dictada en expediente sancionador podrán interponerse los recursos establecidos en la legislación ordinaria. Como órgano de estudio, coordinación y control de las actividades relacionadas con el juego y apuestas, se crea la Comisión del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que estará presidida por el Consejero de Gobernación, con la composición que reglamentariamente se determine.

Por el Consejo de Gobierno se dictarán las disposiciones precisas para el funcionamiento de esta Comisión de Juego y Apuestas.

Se crea la tasa de servicios administrativos referidos a salones de juego definidos en el artículo 13 de esta Ley. Constituyen hechos imponibles la autorización de apertura y funcionamiento y la expedición de cualquier documento complementario de la anterior autorización.

Expedición de cualquier documento complementario de la anterior autorización, La cuantía será revisada anualmente en la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El devengo de la tasa se producirá en el momento de solicitar el servicio que constituye el hecho imponible de la misma.

El Consejo de Gobierno aprobará el primer Catálogo de juegos y apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que incluirá al menos los siguientes:. A propuesta de la Consejería de Gobernación, por el Consejo de Gobierno podrán autorizarse, incluyéndose en el Catálogo, juegos y apuestas no contemplados en esta Ley y que se considere oportuno regular dada su posible incidencia económica o social.

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente Ley. En tanto los órganos de la Junta de Andalucía no hagan uso de las facultades reglamentarias que les otorga la presente Ley se aplicarán las disposiciones generales de la Administración del Estado.

Cuando no esté homologado por la Administración del Estado el material de un juego o apuesta determinado, incluido en el Catálogo de Juegos y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, podrá homologarse por la Junta de Andalucía. Las autorizaciones de carácter temporal concedidas con antelación a la entrada en vigor de la presente Ley tendrán el plazo de vigencia que en ellas se indique.

Se establece un plazo máximo de cinco años para los permisos expedidos para la explotación de máquinas de juegos, pudiendo ser renovados si se cumplen los supuestos exigidos en esta Ley y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen. La renovación de las autorizaciones actualmente vigentes, una vez transcurridos su período de validez, se realizará con arreglo a las disposiciones de la presente Ley y se tendrá en cuenta lo dispuesto para la planificación del juego en Andalucía y cuantas circunstancias de índole social y económica concurran y aconsejen su renovación o no.

A los casinos de juego autorizados con arreglo a la legislación anterior no les será de aplicación, en el supuesto de solicitud de renovación, lo establecido en el número 3 del artículo 11 de esta Ley.

El régimen de infracciones y sanciones administrativas regulado en esta Ley se aplicará únicamente a los hechos cometidos a partir de la entrada en vigor de la misma, aplicándose en los expedientes en tramitación el derecho sancionador a la referida entrada en vigor.

Asimismo quedan derogadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley.

La Orden del Ministerio del Interior, de 9 de octubre de , que aprueba el Catálogo de juegos, así como la Orden de 23 de enero de , que lo modifica parcialmente, y las normas que reglamentan los diferentes juegos catalogados, seguirán en vigor en tanto no sean modificadas o no se opongan expresamente a lo dispuesto en la Ley.

Sevilla, 19 de abril de Publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 35, de 25 de abril de Criterio de ordenación: por contenido por fecha.

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado Ir a contenido Consultar el diario oficial BOE. Puede seleccionar otro idioma: Castellano es es Castellano ca Català gl Galego eu Euskara va Valencià en English fr Français. Diarios Oficiales BOE BORME Otros diarios oficiales Información Jurídica Todo el Derecho Biblioteca Jurídica Digital Otros servicios Notificaciones Edictos judiciales Portal de subastas Anunciantes.

Está Vd. El casino Trilenium , perteneciente a la empresa Boldt de la familia Tabanelli en sociedad con el kirchnerista Cristóbal López desde enero del año pasado, es uno de los más grandes del país y se encuentra ubicado en la localidad de Tigre.

Durante la administración de Massa como intendente, fueron decenas los encuentros y actividades oficiales del municipio que se realizaron en las instalaciones de la sala de juegos. Por ejemplo, allí se llevó a cabo la Expo-Tigre que hasta contó incluso con la presencia del entonces intendente y ahora candidato presidencial del Frente Renovador.

Tan cercana es la relación del empresarios del juego con el diputado nacional, que Massa también participó de los grandes agasajos que se hicieron en el año con motivo de la celebración del 10 aniversario de la fundación del casino en el Tigre.

A estas relaciones hay que agregarle que en la alianza que en el año hizo Massa con el macrismo a nivel provincial, se conformó una lista con varios candidatos que responden directamente al empresario del juego y actual presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici.

Ellole motivó que le entrara mucho dinero para la campaña proveniente de las tragamonedas, sin que en esos momentos se escuchara la voz del legislador contra los juegos de azar.

Nombres como Christian Gribaudo , Silvia Majdalani y Soledad Martínez , ligados directamente al dueño de los bingos de Pergamino y Ramallo, alcanzaron o renovaron sus bancas en la Cámara de Diputados de la Nación a partir de formar parte de la lista del Frente Renovador.

Lo mismo ocurrió con Orlando Yans en la Legislatura bonaerense, que actualmente forma parte del Pro. Además, está el caso del actual diputado provincial Rubén Eslaiman, que integra el Frente Renovador y responde políticamente al matrimonio del sindicalista Luis Barrionuevo y la diputada nacional Graciela Camaño.

El 8 de enero de , de forma muy polémica, una comisión bicameral integrada por Eslaiman otorgó la habilitación para que funcione un casino en el hotel Sasso de Mar del Plata, que es regenteado por el sindicato de Barrionuevo.

Además el diputado provincial Juan Amondarain , operador político de Massa, fue uno de los principales artífices de la polémica renovación automática —por decreto- de las licencias de las salas de bingo que hizo el entonces gobernador Felipe Solá en el año , que actualmente también forma parte del Frente Renovador.

La maniobra generó mucha polvareda en aquel entonces y hasta se habló de pagos de coimas millonarias, en momentos en que Solá buscaba recursos para financiar su campaña reeleccionista en la Provincia, que se vio truncada por la imposibilidad de reformar la Constitución bonaerense.

Socios en la mira. La relación de Sergio Massa con Ángel Tabanelli, titular de la firma Boldt, siempre ha sido muy cercana, y más allá de que por mera conveniencia política el diputado reniegue de dicho vínculo, el mismo es incontrastable.

El juego de azar provoca muchas controversias en la Argentina, a causa de la sospecha de su permanente vínculo con la financiación irregular de la política Practicar juegos de azar y apuestas en establecimientos públicos, círculos tradicionales, clubes públicos o privados, cuando la suma total a) Juegos de Azar: aquellos juegos cuyos resultados no dependen exclusivamente de la habilidad o destreza de los jugadores, sino esencialmente del acaso o de la

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Juegos de Azar Renovadores - Confiesa lo que periodistas y políticos sospechan o saben: parte de lo recaudado por las tragaperras en casinos, bingos y otras salas de juego El juego de azar provoca muchas controversias en la Argentina, a causa de la sospecha de su permanente vínculo con la financiación irregular de la política Practicar juegos de azar y apuestas en establecimientos públicos, círculos tradicionales, clubes públicos o privados, cuando la suma total a) Juegos de Azar: aquellos juegos cuyos resultados no dependen exclusivamente de la habilidad o destreza de los jugadores, sino esencialmente del acaso o de la

Los juegos de azar y los servicios anexos se ubicarán en sectores diferenciados dentro del establecimiento, lugares que deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento de esta ley, sin perjuicio de los generales o especiales exigidos por las demás leyes o reglamentos vigentes, aplicables a este tipo de locales y servicios.

En todo caso, la duración pactada del arrendamiento o del comodato deberá ser, a lo menos, igual al número de años por el cual se otorga el permiso de operación. Los contratos mencionados en el inciso anterior deberán ser otorgados por escritura pública y subinscribirse al margen de la inscripción de dominio del bien raíz.

Con este efecto, el establecimiento en que funcionen será sometido a revisiones periódicas en cualquier momento y sin previo aviso. El operador deberá otorgar todas las facilidades necesarias para efectuar dicha fiscalización.

No obstante, la Superintendencia podrá mantener personal destacado de manera permanente en el establecimiento durante el horario de funcionamiento, como asimismo al momento de la apertura y cierre diario, para efectos de ejercer sus funciones fiscalizadoras.

Lo dispuesto en los incisos precedentes, se entiende sin perjuicio del ejercicio de las facultades propias de otros organismos fiscalizadores. Igual prohibición existirá respecto de los accionistas, directores o gerentes de la respectiva sociedad operadora y de quienes administren los servicios anexos del mismo establecimiento.

La infracción de estas prohibiciones será sancionada de conformidad a lo dispuesto en el Título VI. Con todo, en la Región Metropolitana no se podrá autorizar la instalación de casinos de juegos. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, no podrá autorizarse la instalación de nuevos casinos de juegos a una distancia vial inferior a 70 kilómetros, sea entre ellos o respecto de otros en actual funcionamiento.

a El objeto social será la explotación de un casino de juego, en los términos previstos en la presente ley y sus reglamentos;. b Sólo podrán constituirse y funcionar con un máximo de diez accionistas;. c El capital social no podrá ser inferior a La sociedad que obtuviere el permiso de operación deberá enterar el saldo del capital dentro de los noventa días siguientes al otorgamiento del referido permiso.

Transcurrido el plazo señalado sin haberse enterado dicho saldo, el capital de la sociedad se reducirá, de pleno derecho, al monto efectivamente suscrito y pagado, el que, en caso alguno, podrá ser inferior al mínimo legal.

Si reducido el capital social al monto efectivamente suscrito y pagado, éste fuere inferior al mínimo señalado, la Superintendencia ordenará el aumento del capital hasta completar al menos dicho capital mínimo en un plazo no superior a sesenta días.

Si esta obligación no se cumpliere, se entenderá revocado el permiso de operación;. d Las acciones de la sociedad no podrán transferirse sin autorización de la Superintendencia y siempre que los nuevos accionistas cumplan, además, con los requisitos señalados en esta normativa;.

e Los accionistas no podrán constituir gravámenes ni otros derechos reales, distintos del dominio y en conformidad con lo señalado en esta ley, respecto de las acciones que posean en la sociedad operadora;.

f La vigencia de la sociedad no podrá ser inferior al tiempo por el cual se otorga el permiso de operación o su renovación, y. g El domicilio de la sociedad deberá corresponder al lugar en que se explotará el casino de juego cuya autorización de operación se solicita.

ÚNICO N° 2, a D. Tratándose de accionistas personas naturales, éstas, además, no deben haber sido condenadas por delito que merezca pena aflictiva. No podrán formar parte del directorio de la sociedad operadora, además de las personas comprendidas en las inhabilidades contempladas en la ley N° Los accionistas y los directores de las entidades operadoras no podrán asumir ningún tipo de funciones en las salas de juego.

Cualquier modificación en la composición accionaria o en los estatutos de la sociedad operadora sólo podrá efectuarse previa autorización de la Superintendencia; asimismo, todo nuevo partícipe en la referida sociedad deberá sujetarse a los requisitos legales y someterse a la investigación de antecedentes que efectúe la entidad fiscalizadora como si se tratare de un accionista original.

Para Ley Art. ÚNICO N° 2, b D. Además, podrá solicitar a la sociedad postulante, si lo estima pertinente, justificar el origen de los fondos que destinarán a financiar su propuesta a un permiso de operación.

ÚNICO N° 3 D. a Resolución de apertura: con una antelación que no podrá superar los cuarenta y ocho ni ser inferior a treinta y seis meses, contados desde la fecha de vencimiento de los permisos en actual explotación, la Superintendencia deberá dictar una resolución declarando formalmente abierto el proceso de otorgamiento o de renovación de permisos de operación, según corresponda.

Dicha resolución deberá señalar el plazo y lugar para el retiro de las bases técnicas y la fecha, hora y lugar de entrega de las ofertas técnicas y económicas. Asimismo, deberá publicarse en extracto en el Diario Oficial y, completa, en un diario de circulación nacional de conformidad a las reglas que establecerá el reglamento respectivo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, tratándose de los permisos de operación que se extingan por aplicación de alguna de las causales previstas en las letras b , c , d y e del artículo 30 de esta ley, la Superintendencia deberá dictar la resolución antes señalada dentro de un plazo no superior a ciento ochenta ni inferior a ciento veinte días, contado desde que quede ejecutoriada la resolución que dé lugar a la extinción del correspondiente permiso en los términos definidos en el reglamento.

En todo caso, esta última resolución deberá contener la declaración de vacancia del respectivo permiso de operación y señalar expresamente el plazo en que se declarará abierto formalmente el proceso de otorgamiento de los permisos de operación correspondientes.

b Audiencia de presentación de ofertas: en el día y lugar señalado por la resolución de apertura, el que en todo caso deberá ser entre los noventa y los ciento veinte días siguientes a la publicación de aquella, se llevará a cabo la audiencia de presentación de la oferta técnica y económica de cada uno de los postulantes.

En dicha audiencia, que será pública, la Superintendencia abrirá la oferta técnica y verificará que contenga cada uno de los documentos solicitados.

Por su parte, un representante del Consejo Resolutivo custodiará, con los resguardos correspondientes, la oferta económica hasta la audiencia respectiva. c Evaluación: dentro de los ciento veinte días siguientes a la audiencia señalada en el literal anterior, la Superintendencia deberá llevar a cabo el proceso de evaluación de las ofertas técnicas.

Dicha evaluación, acompañando el expediente respectivo e indicando el puntaje ponderado de cada uno de los solicitantes, será propuesta al Consejo Resolutivo, el que ratificará, solicitará la revisión del mismo o pondrá término a la evaluación, en su caso, en el plazo de cuarenta días contado desde la recepción de los expedientes.

De requerirse la revisión de los puntajes, el Superintendente deberá pronunciarse en el plazo máximo de cinco días contado desde el requerimiento. El Superintendente no dará curso a la evaluación de las solicitudes que no den cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 17, 18, 20 y 21 bis de la presente ley.

d Resolución de evaluación: concluida la evaluación, la Superintendencia dictará una resolución pronunciándose sobre la misma, indicando los puntajes ponderados finales de cada uno de los postulantes o lo señalado en el párrafo segundo del literal precedente, según corresponda, y citará a la audiencia de apertura de la oferta económica a aquellos que hubiesen obtenido el puntaje mínimo ponderado.

e Audiencia de apertura de la oferta económica: dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la resolución de evaluación, deberá llevarse a cabo la audiencia pública de apertura de la oferta económica, en la cual un representante del Consejo Resolutivo deberá abrir los sobres que contengan las ofertas de aquellos postulantes que hayan superado el puntaje mínimo ponderado establecido en esta ley.

f Resolución de otorgamiento, denegación o renovación de los permisos: dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la audiencia de apertura de la oferta económica, el Superintendente deberá dictar la resolución de otorgamiento, denegación o renovación de los permisos.

ÚNICO N° 4, a D. a Los antecedentes personales, comerciales y tributarios de los accionistas, en la forma que establezca Ley Art. ÚNICO N° 4, b D.

b El proyecto integral y su plan de operación, el cual contendrá, a lo menos, las obras o instalaciones a desarrollar; el cronograma de ejecución; el programa de inversiones directas que comprenda el proyecto y las inversiones complementarias que sean necesarias para su desarrollo;.

c La oferta económica Ley Art. ÚNICO N° 4, c D. d Los instrumentos en que conste el dominio, el arrendamiento o el comodato relativos al inmueble en que funcionará el casino de juego, o la promesa de celebrar uno de dichos contratos;. e La ubicación y planos del establecimiento en que funcionará el casino de juego; las condiciones de seguridad previstas para su funcionamiento y una plantilla estimativa de las personas que habrán de prestar servicios en las diversas instalaciones;.

g Los estudios técnicos, comerciales y turísticos que el solicitante estime necesarios para mejor fundar la solicitud de operación;.

h Un certificado, emitido por el Servicio de Impuestos Internos, que dé cuenta del hecho de encontrarse al día la sociedad operadora y sus accionistas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias;. i Un depósito en dinero, por el monto que establezca el reglamento, para proveer al pago de los gastos Ley Art.

ÚNICO N° 4, d D. j Una boleta de garantía, emitida a favor de la Superintendencia de Casinos de Juego, en la forma y por el monto que establezca el reglamento, para garantizar el cabal cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28;.

k Una caución o garantía, pagadera a la vista y de carácter irrevocable, emitida a favor de la Superintendencia de Casinos de Juego, por el monto y de acuerdo a las modalidades que establezca el reglamento, para garantizar el cabal y oportuno cumplimiento del pago de la oferta Ley Art.

En lo demás, el procedimiento de tramitación de un permiso de operación se regulará también en el reglamento.

ÚNICO N° 5 D. Los costos de este proceso serán asumidos por la sociedad solicitante, conforme a lo establecido en la letra i del artículo Las atribuciones establecidas en el presente artículo serán, del mismo modo, ejercidas por la Superintendencia cada vez que, ya otorgado un permiso de operación, se produjeren modificaciones en la composición accionaria o en el capital de la sociedad, como asimismo cuando se incorpore un nuevo partícipe en la sociedad operadora.

Artículo 21 bis. ÚNICO N° 6 D. b Haber sido, en los últimos quince años, director, gerente o accionista en una sociedad operadora a la cual se haya revocado su permiso de operación.

c Haber aportado a la Superintendencia información falsa, incompleta, inconsistente, adulterada o manifiestamente errónea respecto de sus antecedentes.

d No haber acompañado los antecedentes requeridos por la Superintendencia para llevar a cabo la evaluación en tiempo y forma. e Ser socio o administrador de empresas o sociedades que mantengan deudas impagas con el Fisco, cuyo plazo para el pago se encuentre vencido.

f Haber sido sancionado administrativamente, mediante resolución firme, por tres o más infracciones graves en los últimos cinco años por incumplimiento de las normas que regulan la actividad de los casinos.

g Haber sido sancionada la persona jurídica, por alguno de los delitos contemplados en la ley Nº Asimismo, la causal a que se refiere este literal también se configurará en aquellos casos en que los accionistas, sean personas jurídicas o naturales, hayan sido condenados por delitos equivalentes en el extranjero.

ÚNICO N° 7 D. a Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que se pronunciará respecto de las consideraciones de seguridad y orden público que reúna el lugar de emplazamiento y su entorno inmediato.

b Servicio Nacional de Turismo, que se pronunciará respecto de la calidad de territorio turísticamente consolidado o de claro potencial turístico del lugar de emplazamiento del casino de juego cuyo permiso de operación se solicita. c Intendencia de la región en que se emplazaría el establecimiento, que se pronunciará respecto de la comuna propuesta por el postulante y el impacto en el desarrollo regional.

d Municipalidad de la comuna en que se emplazaría el establecimiento, que se pronunciará respecto del impacto y la viabilidad logística de llevar a cabo el proyecto en la comuna.

Dichos informes serán ponderados en la forma establecida en el reglamento. Los órganos requeridos y la Superintendencia podrán solicitar al postulante la información necesaria para mejor resolver y requerir las aclaraciones e informaciones complementarias que consideren oportunas.

ÚNICO N° 8 D. a El incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento. e Los efectos económico-sociales que la instalación del establecimiento haya de crear o promover en la zona geográfica de su localización.

f El monto de la inversión total del proyecto a ejecutar por la solicitante. Para estos efectos, el Superintendente deberá constituir al interior de la Superintendencia, y presidido por él, un Comité Técnico de Evaluación, cuyo funcionamiento e integración se determinará de conformidad al reglamento.

Ley Art. ÚNICO N° 9 D. ÚNICO N° 10 D. El empate de las ofertas técnicas y económicas deberá ser dirimido conforme a lo establecido en el reglamento. Con todo, la sociedad operadora que solicite la renovación de un permiso de operación vigente tendrá derecho preferente para la obtención del permiso cuando, habiendo igualado con otra sociedad postulante en la oferta económica, hubiere obtenido un puntaje ponderado mayor en la etapa de evaluación técnica.

ÚNICO N° 11 D. La resolución que otorgue o renueve el permiso de operación deberá publicarse en el Diario Oficial, por una vez y en extracto, dentro del plazo de diez días, contados desde su dictación. El permiso de operación se otorgará por un plazo de quince años, contado desde el otorgamiento del certificado a que se refiere el inciso tercero del artículo Antes de su vencimiento, tales permisos podrán ser renovados mediante un procedimiento análogo al establecido para el otorgamiento de un permiso originario.

En ningún caso se podrá otorgar un permiso de operación provisorio. Artículo Ley Art. Durante el periodo que dure la extensión del permiso la sociedad operadora deberá dar cumplimiento a todos los requisitos y condiciones que establece esta ley. El monto antes señalado se expresará en unidades de fomento y deberá ser pagado mensualmente por la sociedad operadora ante el Servicio de Tesorerías conforme a las instrucciones que al efecto imparta la Superintendencia.

Tratándose de periodos de extensión del permiso inferiores a un mes, deberá pagarse la proporción que corresponda. a Razón social, nombre de fantasía si lo hubiere y capital de la sociedad, con indicación del porcentaje pagado y de los plazos en que deberá enterarse el porcentaje suscrito y no pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17;.

b La indicación de las obras e instalaciones que comprenda el proyecto integral autorizado;. c Nombre o individualización del casino de juego que se autoriza;. d Ubicación y domicilio del establecimiento en donde necesariamente deberá funcionar el casino de juego que se autoriza;.

e Plazo de vigencia del permiso de operación; Ley Art. g El monto de la oferta económica comprometido por la sociedad postulante. Artículo 27 bis. ÚNICO N° 13 D. La Superintendencia dispondrá de diez días hábiles para resolver. Los postulantes que estimen que las resoluciones de la Superintendencia no se ajustan a la ley, a los reglamentos o disposiciones que le corresponda aplicar podrán reclamar de las mismas ante la Corte de Apelaciones de Santiago, dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la notificación.

Por la interposición del reclamo no se suspenderán los efectos del acto reclamado, ni podrá la Corte decretar medida alguna con ese objeto mientras se encuentre pendiente la reclamación. La Corte de Apelaciones dará traslado de la reclamación a la Superintendencia, notificándola por oficio y esta dispondrá de un plazo de diez días hábiles contado desde que se notifique la reclamación interpuesta, para formular observaciones.

Evacuado el traslado por la Superintendencia, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala.

La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de las partes. La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días. Contra la resolución de la Corte de Apelaciones no procederá recurso alguno.

ÚNICO N° 14, a , i D. Lo anterior, sin perjuicio que, antes del vencimiento del Ley Art. ÚNICO N° 14, a , ii D. Vencido el plazo o la Ley Art.

ÚNICO N° 14, b D. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia procederá a hacer efectiva la boleta de garantía indicada en la letra j del artículo El operador que se encuentre en condiciones de iniciar la operación de un casino de juego deberá comunicarlo a la Superintendencia, la que dispondrá de 30 días para revisar el estricto cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias necesarias para iniciar las actividades.

Verificado dicho cumplimiento, la Superintendencia expedirá un certificado en el que conste tal circunstancia, documento que habilitará para dar inicio a la operación del casino de juego. Si la Superintendencia observare algunas materias, las señalará expresamente mediante resolución.

En este último caso, el operador deberá subsanar tales observaciones y solicitar una nueva revisión, con el objeto que la Superintendencia expida el certificado indicado y así poder dar inicio a la operación. Tal certificado, con indicación de la fecha de vencimiento del respectivo permiso de operación, deberá ser publicado por la Superintendencia en el Diario Oficial, dentro del plazo de diez días desde su otorgamiento.

En ningún caso podrá iniciarse el funcionamiento parcial de un casino de juego. Las Ley Art. ÚNICO N° 14, c D. En caso de perderse alguna de dichas condiciones procederá la revocación conforme a la causal dispuesta en el artículo 31, letra a.

No obstante lo anterior, el operador podrá solicitar a la Superintendencia la ampliación del número de licencias de juego otorgadas o servicios anexos autorizados, según el procedimiento establecido en el reglamento. Asimismo, sólo una vez transcurrido cinco años desde el inicio de operación del casino de juego, el operador podrá solicitar la reducción de una o más de tales licencias o servicios anexos; ello, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 5° de esta ley.

b Renuncia del operador, en la forma y condiciones que determine el reglamento;. d Por encontrarse el operador sometido a un procedimiento c Ley Art. a No haber dado cumplimiento, en tiempo y forma, a lo establecido en el artículo 28;.

b Infringir gravemente las normas sobre juegos contenidas en esta ley y sus reglamentos;. c Suspender el funcionamiento de las salas de juego sin causa justificada;.

f Transferir la propiedad o el uso del permiso de operación o de las licencias de juego otorgadas;. g Explotar servicios anexos no Ley Art. ÚNICO N° 15, a D. h Contratar con terceros la administración o prestación de los servicios anexos, sin contar previamente con la autorización correspondiente;.

i Introducir modificaciones sustanciales al establecimiento en que funcione el casino de juego, sin contar previamente con la autorización de la Superintendencia;. j Infringir gravemente las instrucciones que imparta la Superintendencia en ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias, Ley Art.

ÚNICO N° 15, b D. k Negar la información requerida por la Superintendencia en los plazos que ella determine, no suministrarla de acuerdo a las exigencias definidas por aquélla y, en general, obstaculizar grave y reiteradamente las acciones de fiscalización;.

l Participar los accionistas, directores y gerentes de la sociedad operadora, por sí o por interpósita persona, en los juegos que se explotan en el establecimiento;. m Utilizar máquinas o implementos de juego no comprendidos en el registro de homologación;.

n Negar el pago total o parcial de los premios provenientes de los juegos;. ñ Disminuir, durante la vigencia del permiso de operación, el capital social mínimo establecido en el reglamento y no haber enterado este mínimo dentro del plazo de noventa días, señalado en la letra c del artículo 17, y. o Haber incurrido los administradores o gerentes de la sociedad operadora de un casino de juegos, o quienes hagan las veces de tales, en las conductas prescritas en los números 4 y 5 del artículo 97 del Código Tributario, una vez agotados los procedimientos administrativos y judiciales que corresponda incoar frente a tales infracciones, de conformidad al referido cuerpo legal, y previo informe del Servicio de Impuestos Internos.

p No Ley Art. ÚNICO N° 15 c D. Revocado el permiso de operación de un casino de juegos, quedará vacante la cuota correspondiente a dicho permiso, operando en tal caso plenamente las normas sobre otorgamiento de permisos de operación contenidas en el Párrafo 1º del Título IV de la presente ley. Para ello, dictará una resolución indicando la causal o causales en que el operador habría incurrido, señalando los antecedentes y fundamentos que las justifican.

La resolución deberá ser notificada al gerente del operador o a su apoderado, mediante carta notarial. En el caso que ninguno de ellos sea habido, se procederá a fijar la cédula que la contenga en la puerta del domicilio de la sociedad operadora.

El Superintendente podrá ordenar la paralización inmediata de las actividades del casino de juego, en la misma resolución que da comienzo al procedimiento de revocación. Recibidos los descargos, o transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior sin haberse éstos presentado, el Superintendente elevará todos los antecedentes al Consejo Resolutivo, a fin de que éste resuelva, sin más trámite, dentro del plazo de diez días, pudiendo el mismo Consejo ampliar este último término por una sola vez.

Si el operador considera que la revocación de su permiso ha sido injustificada, podrá recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro del plazo de diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución de revocación.

Dicho tribunal conocerá de la reclamación en cuenta, en la Sala que fuere sorteada al efecto, si hubiere más de una.

La Corte dará traslado por seis días al Superintendente y evacuado dicho trámite o acusada la correspondiente rebeldía, dictará sentencia en el término de treinta días, sin ulterior recurso. En el caso que hubiere quedado a firme la resolución de paralización de actividades dictada por la instancia administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 32, ésta sólo podrá ser alzada por la misma Corte en la sentencia que anule la revocación del permiso, la que deberá ser fundada.

Esta Superintendencia constituye un servicio público de aquéllos regidos por el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley Nº Estará a cargo de un Superintendente. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que establezca en otras ciudades del país.

Para estos efectos, la Superintendencia estará facultada para requerir, recabar y reunir la información y antecedentes relativos a las solicitudes de permisos de operación de casinos de juego, a la ampliación o reducción de las licencias de juego y de los servicios anexos, y los atingentes a la renovación y revocación de tales permisos.

El reglamento determinará el procedimiento de homologación. ÚNICO N° 16 D. La Superintendencia podrá efectuar directamente las publicaciones necesarias para dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior.

Asimismo, podrá disponer la publicidad de medidas, instrucciones o información relativa a las sociedades operadoras o casinos de juego. El Superintendente de Casinos de Juego ejercerá la secretaría ejecutiva y actuará además como relator del Consejo. El Consejo adoptará sus decisiones por la mayoría de sus miembros, en sesión formalmente convocada al efecto, y en caso de empate resolverá su Presidente.

Con todo, el quórum para sesionar será de cinco integrantes. Un reglamento, expedido por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, establecerá las normas necesarias para el funcionamiento del Consejo y para el adecuado ejercicio de las funciones que le encomienda la ley.

b Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios;. La Superintendencia estará sujeta a las normas del decreto ley N° 1.

Será el jefe superior del Servicio, tendrá la representación judicial y extrajudicial del mismo, y las demás funciones y atribuciones que establezca la ley.

El Superintendente tendrá la calidad de alto directivo público, de conformidad con las normas pertinentes de la ley Nº Subtotal 4. Subtotal TOTAL El personal de la Superintendencia se regirá por las normas de la ley N° Además de los requisitos generales para ingresar a la Administración del Estado contemplados en el citado Estatuto, establécense los siguientes requisitos especiales, para los cargos de la planta que en cada caso se indican:.

Superintendente: Título profesional de una carrera de a lo menos 10 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste, y una experiencia profesional mínima de 10 años. Jefes de División: Título profesional de una carrera de a lo menos 10 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste, y una experiencia profesional mínima de 5 años.

Estas jefaturas constituirán el segundo nivel jerárquico del servicio y tendrán la calidad de alto directivo público, para los efectos de lo dispuesto en la ley Nº Con esa intención, el diputado del Frente Renovador FR ayer propuso al kirchnerismo estatizar los juegos de azar en la Argentina y hasta lo desafió a seguir el mismo camino que tomó con la nacionalización del sistema ferroviario.

Todo lo que brilla no es el terreno de la política. Buscando quedar parado en la vereda de un progresismo que no lo tiene entre sus clientes las tragamonedas son un negocio que saquea las economía regionales y deja en la ruina a familias de clase media y sectores populares , el legislador salió a pedir algo meramente electoralista ya que si se analiza claramente su accionar en los últimos años, especialmente durante el paso que tuvo por la intendencia de Tigre, puede verse su íntima ligazón con los empresarios del sector que ahora pretende denostar desde lo discursivo.

Relaciones peligrosas. El casino Trilenium , perteneciente a la empresa Boldt de la familia Tabanelli en sociedad con el kirchnerista Cristóbal López desde enero del año pasado, es uno de los más grandes del país y se encuentra ubicado en la localidad de Tigre. Durante la administración de Massa como intendente, fueron decenas los encuentros y actividades oficiales del municipio que se realizaron en las instalaciones de la sala de juegos.

Por ejemplo, allí se llevó a cabo la Expo-Tigre que hasta contó incluso con la presencia del entonces intendente y ahora candidato presidencial del Frente Renovador.

Tan cercana es la relación del empresarios del juego con el diputado nacional, que Massa también participó de los grandes agasajos que se hicieron en el año con motivo de la celebración del 10 aniversario de la fundación del casino en el Tigre.

A estas relaciones hay que agregarle que en la alianza que en el año hizo Massa con el macrismo a nivel provincial, se conformó una lista con varios candidatos que responden directamente al empresario del juego y actual presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici.

Ellole motivó que le entrara mucho dinero para la campaña proveniente de las tragamonedas, sin que en esos momentos se escuchara la voz del legislador contra los juegos de azar. Nombres como Christian Gribaudo , Silvia Majdalani y Soledad Martínez , ligados directamente al dueño de los bingos de Pergamino y Ramallo, alcanzaron o renovaron sus bancas en la Cámara de Diputados de la Nación a partir de formar parte de la lista del Frente Renovador.

Lo mismo ocurrió con Orlando Yans en la Legislatura bonaerense, que actualmente forma parte del Pro. Además, está el caso del actual diputado provincial Rubén Eslaiman, que integra el Frente Renovador y responde políticamente al matrimonio del sindicalista Luis Barrionuevo y la diputada nacional Graciela Camaño.

El 8 de enero de , de forma muy polémica, una comisión bicameral integrada por Eslaiman otorgó la habilitación para que funcione un casino en el hotel Sasso de Mar del Plata, que es regenteado por el sindicato de Barrionuevo.

Juegos de Azar Renovadores - Confiesa lo que periodistas y políticos sospechan o saben: parte de lo recaudado por las tragaperras en casinos, bingos y otras salas de juego El juego de azar provoca muchas controversias en la Argentina, a causa de la sospecha de su permanente vínculo con la financiación irregular de la política Practicar juegos de azar y apuestas en establecimientos públicos, círculos tradicionales, clubes públicos o privados, cuando la suma total a) Juegos de Azar: aquellos juegos cuyos resultados no dependen exclusivamente de la habilidad o destreza de los jugadores, sino esencialmente del acaso o de la

El exdiputado Walter Martello, autor del libro No va más. Los vínculos entre el juego y la política en la provincia de Buenos Aires, opina: "El problema no es cuánta plata ponen, sino la íntima relación que tienen los actores poderosos del juego con los políticos". Empleados de estos grupos acaban en cargos públicos.

Massa, no obstante, ha sorprendido con una propuesta para estatalizar el juego. También Gabriela Michetti, rival interna de Macri en el partido Propuesta Republicana Pro , defendió este fin de semana que "hay que poner absoluta restricción al juego". Candidata a suceder a Macri en la alcaldía de Buenos Aires en las primarias del próximo día 26, Michetti advirtió: "Si no, vamos a tener, por un lado, a los narcotraficantes; por otro, a los empresarios del juego.

Cada uno va a tener fortunas impresionantes y el nivel de competencia con el Estado va a ser brutal". La Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos se defiende de las acusaciones. Siempre hay oportunidades de mejoras, pero en la provincia y la ciudad de Buenos Aires se avanzó un montón", afirman fuentes de la patronal, que añaden que si hubiese fraude o financiación ilegal de políticos, "habría evidencias en la justicia".

Argentina es el cuarto país del mundo en pérdidas de la población por apuestas en relación con el PIB, solo detrás de Filipinas, Armenia y Australia, según el libro de los periodistas Indart y Poore. Tiene una tragaperras por cada habitantes, frente a una máquina por cada 1.

Brasil prohíbe el juego. El empleado de uno de los grandes grupos del juego en Argentina cuenta en la parrila de Buenos Aires que estas empresas tienen diversos métodos para hacerse de las apuestas sin control estatal. El Estado nacional, la ciudad autónoma de Buenos Aires y diversas provincias controlan en línea todas las tragaperras, que se han convertido en el negocio principal de hipódromos, casinos y bingos.

Otro método de fraude, según el empleado del sector, radica en alterar el sistema informático de las máquinas. Pero hay otras que solo le piden un canon fijo mensual a las empresas y entonces se desentienden del control. El canon fijo impide que la recaudación se actualice por inflación o por el crecimiento de la pasión de los argentinos por el juego.

Indart tampoco confía en los controles en línea. Sin embargo, un juez desestimó a finales de irregularidades en el monitoreo de las máquinas del hipódromo de Buenos Aires, entre cuyos accionistas figura un empresario que ya era grande antes del kirchnerismo pero creció mucho más en los últimos 11 años, Cristóbal López.

Martello señala que hasta la sentencia de solo conocía una pericia que la justicia hacía hecho a una tragaperras. Había sido por la denuncia de una mujer que ganó en unos 3,7 millones de dólares en un bingo bonarense, que le respondió que se trataba de un error de la máquina y le ofreció abonarle solo dólares.

O suscríbete para leer sin límites. Alejandro Rebossio. Buenos Aires - 06 abr - CEST. Copiar enlace. Vista aérea del casino de Rosario, en noviembre de Ricardo Ceppi Es medianoche de un jueves en Buenos Aires y en un restaurante un comensal pide una parrillada completa.

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Tan cercana es la relación del empresarios del juego con el diputado nacional, que Massa también participó de los grandes agasajos que se hicieron en el año con motivo de la celebración del 10 aniversario de la fundación del casino en el Tigre.

A estas relaciones hay que agregarle que en la alianza que en el año hizo Massa con el macrismo a nivel provincial, se conformó una lista con varios candidatos que responden directamente al empresario del juego y actual presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici.

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Lo mismo ocurrió con Orlando Yans en la Legislatura bonaerense, que actualmente forma parte del Pro. Además, está el caso del actual diputado provincial Rubén Eslaiman, que integra el Frente Renovador y responde políticamente al matrimonio del sindicalista Luis Barrionuevo y la diputada nacional Graciela Camaño.

El 8 de enero de , de forma muy polémica, una comisión bicameral integrada por Eslaiman otorgó la habilitación para que funcione un casino en el hotel Sasso de Mar del Plata, que es regenteado por el sindicato de Barrionuevo.

Además el diputado provincial Juan Amondarain , operador político de Massa, fue uno de los principales artífices de la polémica renovación automática —por decreto- de las licencias de las salas de bingo que hizo el entonces gobernador Felipe Solá en el año , que actualmente también forma parte del Frente Renovador.

La maniobra generó mucha polvareda en aquel entonces y hasta se habló de pagos de coimas millonarias, en momentos en que Solá buscaba recursos para financiar su campaña reeleccionista en la Provincia, que se vio truncada por la imposibilidad de reformar la Constitución bonaerense.

Socios en la mira. La relación de Sergio Massa con Ángel Tabanelli, titular de la firma Boldt, siempre ha sido muy cercana, y más allá de que por mera conveniencia política el diputado reniegue de dicho vínculo, el mismo es incontrastable.

A lo largo de los años, Boldt, además de regentear la actividad de los casinos, también llevó adelante, en forma tercerizada, el control del sistema on line para controlar las apuestas.

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By Dozahn

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